Ante los sonados hechos de violencia escolar registrados en las últimas semanas —y en el marco de una reforma de conducta anunciada por el Gobierno de Keiko Fujimori—, desde Renovación Popular plantean medidas que protejan a los docentes de las agresiones físicas y psicológicas cometidas por estudiantes.
Según el proyecto de ley 617-2026-2031-CD firmado por la diputada Mady Yonz (Renovación Popular), se busca preservar “la dignidad e integridad del docente en favor de sus funciones y prevenir la reiteración de agresiones”.
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Las medidas de protección al docente propuestas son:
- Acompañamiento institucional al docente durante las actividades en las que corra riesgo de ser agredido nuevamente.
- Reorganización temporal de espacios y clases para prevenir contactos.
- Separación temporal del estudiante agresor del espacio compartido con el profesor afectado cuando sea indispensable para proteger la integridad de las personas, siempre con supervisión y atención que garantice la continuidad de la enseñanza.
- Coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local y las autoridades competentes cuando la naturaleza o gravedad de los hechos lo requiera.
Según Yonz, estas medidas preventivas se deberían aplicar en colegios públicos y privados, mas no constituyen expulsión ni sanción disciplinaria; tampoco autorizan la interrupción del servicio educativo, el aislamiento sin supervisión o la afectación injustificada de las condiciones laborales del docente.
La protección requerida no necesita de una denuncia policial, fiscal o judicial previa.
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“Las eventuales sanciones se rigen por la normativa educativa aplicable”, apunta.
El texto también prohíbe cualquier tipo de represalia contra el docente que denuncie una agresión o que colabore en el esclarecimiento de un hecho.
Y, en caso de que los hechos se traduzcan en un delito o requieran la intervención de otras autoridades, la dirección efectúa las comunicaciones o denuncias correspondientes conforme a la legislación vigente.
