El economista Carlos Linares Peñaloza dio detalles de los motivos que lo llevaron a presentar su carta de renuncia al cargo de presidente del Directorio de Petroperú S.A., apenas dos meses después de haber asumido el puesto el pasado 1 de marzo del presente año.
“Elevo mi voz de protesta ante lo que considero un atropello a mi bien ganado prestigio profesional, a lo largo de poco más de 40 años en el ámbito público y privado”, aseveró a través de un comunicado.
El economista calificó como desproporcionada la decisión del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República que lo sancionó con un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por una presunta infracción cometida durante su periodo como presidente del directorio de COFIDE.
“Expreso mi total discrepancia con esta decisión del Tribunal de Contraloría, al ser abiertamente ilegal e irrazonable, además de presentar una serie de vicios de nulidad en su breve fundamentación”, enfatizó Linares.
Asimismo, anunció que impugnó la resolución de la Contraloría ante el Poder Judicial al considerar que en el mencionado fallo “existen graves vicios de motivación” al no valorar sus argumentos de defensa. Además, indicó que no se habría realizado un análisis de razonabilidad atendiendo a la falta de tipicidad y la inexistencia de un perjuicio contra el Estado.
“Reitero mi rechazo a la decisión de Tribunal de Contraloría que pretende -sin fundamentos reales y menos aún razonables-, poner en tela de juicio mi bien ganado prestigio, logrado a lo largo de más de 40 años de intachable trayectoria profesional en el ámbito público y privado”, expresó.
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Sanción de la Contraloría
El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República resolvió imponerle una sanción de un año de inhabilitación a Carlos Linares para el ejercicio de la función pública por una presunta infracción durante su periodo como presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
El economista se defendió al señalar que la asignación de gastos de caja chica asignada a su despacho en Cofide por concepto de refrigerio y alimentación durante el periodo del 24 de marzo al 30 de junio del 2022, “venía siendo otorgado a los despachos presidenciales de Cofide mucho antes de su ingreso a dicha entidad, por lo que no se trata de una practica desconocida ni ilegal”.
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