Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
Iniciar así no es una exageración retórica; es una descripción cada vez más precisa de lo que ocurre cuando la instancia administrativa tributaria revisa, pero no corrige, y cuando el contribuyente es oído, pero no escuchado. Así, lo que está en juego es la capacidad del Estado de garantizar justicia en la instancia administrativa y, con ello, la vigencia efectiva del Estado de derecho en la relación entre el ciudadano y el poder tributario.
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En los últimos años, la actuación de la administración tributaria ha evidenciado un endurecimiento preocupante. La fiscalización, legítima y necesaria en cualquier sistema fiscal, parece haber derivado hacia una lógica cada vez más inflexible, en la que los argumentos jurídicos razonables del contribuyente rara vez son acogidos. La sensación que se instala es inquietante: la recaudación empieza a percibirse como un fin en sí mismo, desplazando la razonabilidad y el derecho a un segundo plano.
Cuando el contribuyente percibe que la legalidad cede frente a la lógica recaudatoria, la confianza se rompe. Y sin confianza, no hay cumplimiento genuino; hay imposición.
Este fenómeno se vuelve especialmente grave cuando la instancia administrativa llamada a corregir deja de cumplir eficazmente ese rol. El Tribunal Fiscal ha sido históricamente concebido como un órgano técnico e independiente, garante del equilibrio. Sin embargo, cuando su conducción recae –aunque sea de manera interina– en un funcionario proveniente de la propia administración tributaria, que previamente resolvió controversias en primera instancia, la apariencia de imparcialidad se resiente de manera inevitable.
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No se trata de cuestionar personas, sino de advertir un problema institucional de enorme trascendencia. Cuando quien debe revisar los actos de la administración proviene directamente de ella, el riesgo de que la instancia administrativa deje de ser un verdadero contrapeso se vuelve evidente.
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Conviene decirlo con claridad: este no es un problema de los tributaristas ni de las grandes empresas. Es un problema que afecta a todos los ciudadanos. Porque cuando la instancia administrativa deja de garantizar una revisión objetiva y razonada, el mensaje que se envía es peligroso: frente al Estado, el ciudadano queda en una posición de debilidad estructural.
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Un sistema tributario que revisa sin corregir y escucha sin atender se vuelve riesgoso. Por eso, defender la justicia administrativa tributaria no es defender intereses particulares, sino defender el Estado de derecho como garantía básica de convivencia democrática.
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La recaudación es indispensable para sostener al Estado. Pero nunca puede lograrse vaciando de contenido las garantías institucionales. La buena noticia es que este deterioro no es irreversible. Reconocer el problema es el primer paso para corregirlo. Recuperar una justicia administrativa independiente y razonada no solo fortalecerá el sistema tributario, sino que reafirmará el compromiso del Estado con la legalidad, la democracia y la confianza ciudadana. Esa es la reforma pendiente. Y también la oportunidad que no deberíamos dejar pasar.
