Servicio público: Un reto pendiente del Perú para asegurar su ingreso a la OCDE

En el 2012, el Perú expresó por primera vez su interés formal de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad conformada por 38 países que registran altos índices de desarrollo, un buen gobierno, un clima de inversión atractivo y oportunidades de trabajo para sus ciudadanos.

En enero de este año, el Consejo de la OCDE decidió, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión. Aunque se trata de una buena noticia, para dar este primer paso formal, el país debe iniciar una serie de reformas a todo nivel que permitan mejorar sus políticas públicas, asegurar una buena gobernanza y, en resumen, consolidar un Estado más eficiente.

En el Perú, algunos afirman que “nada funciona”, refiriéndose sobre todo a la deficiente calidad de la administración y del servicio público. Sin embargo, la solución no debe partir solo desde el Gobierno, sino que debe ser también consecuencia de una reflexión profunda de la ciudadanía, el empresariado y los académicos.

Un ejemplo perfecto de las deficiencias que se deben corregir fue la escasez de pasaportes que se registró en abril de este año, debido a la falta de insumos para su emisión. Como lección, debemos rescatar la importancia de seleccionar a funcionarios con experiencia y trayectoria acreditada para lograr buenos resultados, en vez de limitarnos a designar personas inexpertas bajo el pretexto de que pueden ser designados bajo cargos de confianza.

Otro problema crítico fue la reacción del sistema de salud ante la emergencia generada por la COVID-19 y, luego, la falta de planificación para la adquisición de vacunas y el ritmo irregular para su correspondiente aplicación. El mensaje que nos dejó esta situación es que la cobertura del sistema de salud no funciona como debería y que es preciso fortalecerlo a la brevedad. No debemos olvidarlo. El hecho de que el momento más crítico de la pandemia se vea cada vez más lejano no implica dejar de prestar atención a este tipo de falencias.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución honorable que enfrentó al terrorismo durante los años 80 y al crimen organizado en la actualidad. Sin embargo, aún no se le da el reconocimiento que merece. Se requieren urgente reformas que fortalezcan a este relevante institución, que permitan un aumento de su cobertura y acción preventiva e investigadora, asegurar el número de efectivos bien remunerados, implementar tecnología, implementar incentivos e incrementar salarios, entre otros.

Para asegurar una próspera actividad empresarial, que genera trabajo y paga impuestos y, en consecuencia, una buena calidad de vida para los ciudadanos, es importante que el Estado evite tomar decisiones que puedan provocar un impacto negativo. La emisión de normas es una función que forma parte de los servicios a su cargo y ésta debe ser racional y eficiente. Por ejemplo, la próxima vigencia un reglamento que prohibirá tercerizar diversas actividades empresariales que se consideran relacionadas con el núcleo de los negocios, solamente provocará costos más rígidos y una reducción de la oferta laboral. Otro caso que debe reconsiderarse es la Ley General del Internet, que de ser aprobada afectaría la actuación de los agentes económicos en este espacio y obstaculizaría la expansión actividades en este entorno. No se han acogido las contribuciones de los expertos en el mundo digital.

Permitir recurrentes deficiencias en las funciones básicas a cargo del Estado y permitir iniciativas de carácter populista y sin sustento técnico solamente nos aleja de nuestro ingreso a la OCDE. No necesitamos más leyes, sino asegurar el cumplimiento de las actuales, mediante una administración pública de calidad. Para contribuir en ello, la Universidad ESAN organizó recientemente el segundo Congreso internacional de derecho administrativo económico y regulación, con el propósito de brindar contribuciones concretas para innovar en la regulación de servicios públicos, evitar que la regulación afecte la generación de actividad empresarial y de trabajo, y luchar contra la corrupción en el aparato estatal. Esta última problemática es una de las causas del declive en la calidad de servicios a carga del Estado, por lo que urge realizar cambios que corten de raíz esta práctica que se ha institucionalizado en algunos sectores.