Escribe: Enrique Castillo, periodista
Cualquiera hubiera pensado que, a pocos meses del final de este Gobierno y con un proceso electoral a la vuelta de la esquina, la presidenta Dina Boluarte debía estar tratando de que su salida sea lo más pacífica posible –dentro de lo que las circunstancias permitan–; y que varias de las agrupaciones políticas con bancada en el Congreso que van a participar del proceso electoral, debían estar tomando distancia del Gobierno para no parecer tan oficialistas como ya lo parecen.
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De igual manera, se hubiera podido esperar que los miembros del gabinete ministerial empezaran a cuidarse las espaldas, y de paso a cuidar las de su jefa, diseñando y elaborando una estrategia de salida con la menor confrontación y el menor riesgo personal posible.
¿Era necesario y responsable poner a todo el gabinete a defender públicamente, y a través de pronunciamientos y declaraciones, al hermano de la presidenta, de quien siempre se ha dicho que no participa, directa o indirectamente, ni tiene injerencia alguna en el Gobierno? (Foto: Archivo El Comercio)
Pero, a la luz de los hechos, ninguna de las tres cosas parece que va a suceder. Por el contrario, parece que todos ellos, juntos o separados, prefieren seguir y acelerar la marcha.
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Lo que más preocupa es que todas las últimas acciones que vienen ejecutando todos ellos, lo único que provocan es una mayor confrontación y una mayor inestabilidad política que puede influir negativamente en el próximo proceso electoral. Pero, además, parece que pueden llegar a convertirse en un búmeran.
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Si ya el discurso de 28 de julio, los viajes presidenciales, el aumento de sueldo únicamente para Dina Boluarte, el cambio de norma para que ella pueda recibir todos los regalos que le ofrezcan, y el fallo del TC en favor de la jefa de Estado, cayeron muy mal en la población; la designación de Juan José Santiváñez en el ministerio de Justicia, y la pública y férrea defensa que la misma presidenta y el gabinete ministerial han hecho por separado de Nicanor Boluarte, han generado una serie de críticas, conjeturas y rumores, y ninguno en los mejores términos.
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Lo que más llama la atención es el ánimo y la actitud con la que se hacen las cosas. Parece una carrera contra el tiempo para lograr algunos objetivos que se han trazado, o para hacer algún control de daños con respecto a ciertos temas que consideran muy urgentes o graves, y para lo cual todo vale.
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Hablar sobre la confianza que la presidenta tiene en el nuevo ministro de Justicia, y los temas pendientes que ellos tienen con la Fiscalía, sería redundar. Y volver a mencionar el tono y las acusaciones que la presidenta hace en cada discurso contra quien la critique o la investigue sería aburrir. Ella se abre nuevos flancos cada día, y llena a cada paso su lista de enemigos.
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Lo del gabinete en pleno en defensa de Nicanor Boluarte sí fue sorpresivo. ¿Era necesario y responsable poner a todo el gabinete a defender públicamente, y a través de pronunciamientos y declaraciones, al hermano de la presidenta, de quien siempre se ha dicho que no participa, directa o indirectamente, ni tiene injerencia alguna en el Gobierno? ¿Esa defensa tan activa y sonora de todos los ministros fue espontánea y aceptada sin reparos por todos los ministros, o fue impuesta y aceptada a regañadientes? ¿Por qué el gabinete mezcla o utiliza el fallo del TC en favor de la Presidencia –así se han cuidado de decirlo– con los procesos que pueda tener el hermano de la presidenta? ¿Por qué cruzar el límite constitucional y asumir una actitud tan política y tan “solidaria” para defender a una persona que, se dice, no tiene ninguna responsabilidad, participación o influencia, en el Gobierno?
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Otro tema es el de un mencionado posible retiro del Perú de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Clamor de un sector de la población, no sabemos si minoritario o mayoritario, puede ser ejecutado si el Gobierno así lo decide y realiza todas las gestiones para lograrlo. No es un tema fácil, ni legal, internacional, ni políticamente. Pero es un recurso de los estados.
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Las preguntas, si la intención es seria y se llega a concretar, también son varias en este asunto: ¿por qué lo hace realmente este Gobierno? ¿Está efectivamente convencido? ¿Los ministros están realmente de acuerdo? ¿El ministro de Agricultura y otros ministros que no estén de acuerdo renunciarán si esto se llega a concretar? ¿Está segura la presidenta, y algunos de sus ministros, que no tendrán que recurrir a la CIDH para buscar la protección que varios otros han ido a buscar después de plantear lo mismo que este Gobierno parece proponer? ¿Se ha medido el impacto que esto puede generar en el ambiente interno y en el próximo proceso electoral?
Presidenta y ministros parecen redoblar esfuerzos para enfrentar a sus críticos e investigadores, y para hacer lo que se sea con tal de defenderse y enfrentarlos. Algo así como que si hay que morir, es mejor “morir matando”.
Y las bancadas que le dan soporte a la presidenta siguen ahí, observando, justificando, y mirando para otro lado, hacia sus agendas particulares y hacia las normas que los favorecen personalmente o en grupo, sin temor a que la cercanía con el Gobierno los etiquete y los perjudique, y sin que les afecte o interese que el Gobierno haga lo que haga.
¿Todavía faltan más cosas por ejecutar? Seguro, con temas muy controversiales como la reforma de la Justicia, por ejemplo.
Parece que serán meses muy activos. La cuestión es, ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con todo esto?
