Nuevamente, y después de un inicio de año en el que las noticias de Venezuela y Petroperú lo desplazaron, el tema del avance desmedido de la criminalidad ha vuelto a ponerse sobre la mesa.
Y ha sido porque los transportistas tuvieron que recurrir a un paro para que se les vuelva a escuchar.
Han pasado muchos meses y numerosas reuniones con ministros, presidentes del Congreso, comisiones del Parlamento, y encargados de la Presidencia, y nada ha cambiado en el país con respecto al crecimiento delincuencial.
Luego de muchas promesas y de medidas que se han repetido casi mecánicamente, no solo la criminalidad no ha retrocedido, sino que los asesinatos, las detonaciones de explosivos, y las balaceras, se han incrementado, y con más ferocidad.
José Jerí anuncia, una vez más, una evaluación del impacto de los estados de emergencia, y adelanta, al paso, que las cifras muestran que los asesinatos y las extorsiones han descendido. ¿Es esto creíble?, ¿de qué cifras estamos hablando?, ¿vamos a volver a aquellos tiempos, no muy lejanos, en los que las cifras que nos da el Gobierno difieren o tratan de corregir las estadísticas que nos ofrecen las instituciones del mismo Estado o las que registran los medios de comunicación?, o vamos a darle una “interpretación auténtica” a cada categoría de muerte o fallecimiento.
Solo hay que ir contando los asesinatos que diariamente registran los medios, así como las extorsiones que se denuncian y difunden (y no son todas las que se cometen, porque mucha gente no denuncia), y las explosiones que registran las cámaras de video vigilancia, para darnos cuenta de que, lamentablemente, los estados de emergencia (que ya nadie percibe ni se da cuenta que están vigentes), ni ninguna de las medidas que se han dictado, dan resultados positivos.
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Las políticas y las acciones no han cambiado, Gobierno tras Gobierno. Solo se reacciona, a veces con nuevas medidas repetitivas o que han probado ser ineficaces; a veces con promesas de grandes planes o de un “remake” de planes famosos de antaño; o con declaraciones poco felices como aquellas de que las organizaciones criminales coordinan para desestabilizar al Gobierno, o que los transportistas también forman parte de las bandas criminales a las que les dan información para sacar un beneficio económico.
Solo el esfuerzo sacrificado y el profesionalismo de un buen sector de la Policía permite algunas capturas, golpes a la delincuencia, detenciones importantes o rescates a tiempo.
Pero no es suficiente, no tiene un impacto significativo sobre un enemigo que se multiplica y se “regenera” muy rápidamente, y que mueve miles de millones de soles en un sinfín de actividades delictivas para las cuales le es muy fácil reclutar gente, de toda edad. Ese sector sacrificado de la Policía está totalmente abandonado a su suerte, trabaja con migajas de presupuesto, y con “incentivos” mínimos como la compra de francos o de vacaciones.
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¿Recién ahora se dan cuenta que más de las dos terceras partes de las comisarías están abandonadas, sin buena infraestructura, sin equipos, armas, sin internet y sin comunicación moderna? Después de tantos años y tantos reportajes sobre lo mismo, ¿recién vuelven la mirada a esa mitad del parque automotor policial que están en cementerios de carros o en la calle, esperando una refacción o un reemplazo?
Siempre escuchamos las mismas promesas de atención a estas situaciones, y siempre volvemos a ver, meses o años después, que nadie movió un dedo por cambiarlas.
¿Cuántas comisarías se podrían modernizar y construir, cuántos patrulleros y/o unidades móviles se podrían renovar y/o comprar con una parte de esos cinco mil millones que se van a gastar en aviones y en tanques coreanos?, ¿vamos a perseguir delincuentes con tanques coreanos?, ¿vamos a desarticular bandas criminales con aviones?
Las políticas contra la criminalidad no pueden ser “planificadas” y “ejecutadas” solo con buena intención o con promesas que nunca se cumplen.
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Las políticas contra la criminalidad no pueden ser “planificadas” y “ejecutadas” solo con buena intención o con promesas que nunca se cumplen. (Foto: Andina)
Ahora se nos ofrece que mañana se dictarán las normas para que las motos no trasladen a dos pasajeros. Buena medida. Pero ¿quién va a hacer que se cumplan esas normas?, ¿la Policía va a perseguir a todos los que incumplan la norma en todos los distritos?, ¿cómo?, ¿con qué?
También se anuncia leyes contra la extorsión y la criminalidad. Pero, si leyes tenemos para regalar. Nuestro problema es que no tenemos cómo y quién controle su aplicación y persiga a quienes las incumplen. No tenemos depósitos a donde llevar las motos. No tenemos patrulleros ni motos para perseguirlas. No tenemos policías bien organizados, respaldados por órganos de inteligencia, equipados y bien armados, bien cuidados (miren como está el hospital de Policía), y debidamente capacitados. No tenemos cárceles a donde llevar a los delincuentes.
Si los cinco mil millones que van a gastar en aviones y tanques, si el presupuesto que sirve para pagar los bonos del Congreso, o si lo que se va a destinar para pagar las deudas de Petroperú, se usara para comisarías modelo, comunicaciones, armas, patrulleros y todo lo que necesita la Policía, otro sería nuestro futuro inmediato. No tendríamos tantas promesas y leyes inútiles, y podríamos tener algo de tranquilidad.
Prioridad en el gasto, le dicen.
