Director ejecutivo de Videnza Instituto
Ante la inefectividad de Con Punche Perú, el Ejecutivo ahora lanza el programa Unidos con 25 medidas organizadas en dos ejes: protección de la cadena de pagos e impulso sectorial y un shock de gestión pública para destrabar las inversiones privadas. Aunque es prematuro para una evaluación detallada de su efectividad, resulta un tanto tardío. Por la naturaleza multisectorial de las medidas anunciadas, todo lo señalado fácilmente pudo haber sido parte del discurso presidencial de fiestas patrias. Además, no hay garantía que las medidas que involucren la aprobación legislativa sean aprobadas oportunamente al tener un Congreso que tiene otras prioridades en agenda. Los legisladores están más interesados en vulnerar la institucionalidad, revivir viejas políticas industriales con móviles mercantilistas u ofrecer nuevos retiros de los fondos privados de pensiones, antes que apoyar una agenda coherente que facilite la reactivación.
No hay garantía que la multiplicidad de medidas anunciadas vaya a mover la aguja de las expectativas empresariales. Bien sea porque depende de la diligencia de diversas entidades públicas, especialmente de mandos medios que prefieren la inacción ante el temor de ser sancionados por las instancias de control interno o la fiscalía, y el desprendimiento de funcionarios municipales de acelerar la aprobación de licencias y permisos y no reclamar que se les vulnera su autonomía funcional. De otro lado, no hay seguridad que triplicar las líneas de crédito subsidiado lleguen a una masa crítica de beneficiarios para hacer la diferencia. La capacidad de pago tiende a ser negativamente afectada por el menor crecimiento de los ingresos y la producción, y el menor crecimiento del crédito refleja esta situación. Tampoco es evidente que la inversión se vaya a reactivar en un entorno en que la criminalidad y la extorsión sigan desbordadas sin soluciones efectivas a la vista.
Las buenas intenciones son insuficientes si no hay una clara estrategia de seguimiento e incentivos y/o sanciones ante el incumplimiento de lo dispuesto. La credibilidad de las autoridades está minada y sólo resultados concretos lograrán un cambio real en el humor de los agentes económicos. Esto involucra ir más allá del ámbito netamente económico y sectorial. Demanda una estrategia de acciones mucho más integral, partiendo del propio liderazgo que pueda mostrar la presidenta Boluarte.
No obstante, no todo es negativo. Lo más positivo es que el nuevo plan no insiste en anunciar una nueva lluvia de millones de gasto público, tácitamente reconociendo la incapacidad de ejecutar los presupuestos asignados y el hecho que ya las restricciones presupuestales han eliminado el espacio fiscal para mayor gasto público. Esto último es clave para evitar erosionar la credibilidad aún más ante el posible incumplimiento de las reglas fiscales. Además, poner el foco en acelerar las inversiones en exploración minera, reducir los costos laborales de la agroindustria y propiciar una agenda más ambiciosa que recuperen el turismo receptivo son ejemplos de medidas positivas y necesarias.
La pregunta clave es si este plan será suficiente para acelerar la recuperación económica. Al anticiparse una reducción en la inflación y un alivio al poder adquisitivo de los consumidores, la recesión debiera ser de corta duración. Sin embargo, este escenario depende de la magnitud del Fenómeno El Niño. En caso tengamos un Niño fuerte (probabilidad de ocurrencia de 49%, según el último reporte del Enfen), la recesión se prolongaría uno o dos trimestres adicionales. Bajo este escenario, la proyección de crecimiento para el próximo año se ubicaría alrededor de 1%, un tercio de la estimación oficial. En este marco, la efectividad de este nuevo plan es clave para evitar este desenlace.
Si bien la urgencia de corto plazo está en hacer frente a los embates del Niño y acelerar la inversión privada para revertir el empobrecimiento de millones de peruanos, el mayor desafío radica en recuperar el crecimiento potencial perdido. Se estima que la productividad laboral en el primer trimestre de 2023 se ubica 10% por debajo del nivel que hubiese tenido sin la pandemia. Esta pérdida de productividad mermó el crecimiento potencial, que estaría en torno al 2.6% para el periodo 2024-2027, comparado con los niveles de 6% registrados hace una década.
Sin embargo, la prioridad no está puesta en adoptar reformas institucionales y detener las contrarreformas que debilitan la democracia y atentan contra el funcionamiento del Estado. La recuperación de las expectativas, clave para sostener la recuperación económica, demanda un Ejecutivo que esté dispuesto a tomar decisiones, incluso las costosas e impopulares, en lugar de privilegiar la inacción o soluciones que no encaran los problemas de fondo. Se está haciendo muy poco para frenar el voraz clientelismo que reina en el país. Ojalá que las buenas intenciones se materialicen porque como fue bien dicho, el Gobierno se está jugando sus últimas cartas de fracasar este nuevo intento por generar un shock de confianza.
