El supuesto más importante es la proyección del crecimiento del PBI. (Foto: Bloomberg)
El supuesto más importante es la proyección del crecimiento del PBI. (Foto: Bloomberg)

Por Luis Miguel Castilla

La aguda crisis económica que atraviesa el país tendrá un significativo impacto sobre la caja fiscal. Se plantea un escenario en el cual la recesión podría significar una pérdida de ingresos tributarios de alrededor de 4% del PBI. Para mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado al manejo económico del país durante las últimas tres décadas, y que hoy permite adoptar un agresivo plan de estímulo, el Gobierno tiene que ejecutar un agresivo plan que reconstruya sus ingresos fiscales. Nuestra solvencia fiscal nos da la capacidad de endeudarnos en el corto plazo y nos dará el espacio para considerar técnicamente la pertinencia de todas las opciones disponibles. Esto deberá hacerse sin caer en propuestas efectistas o demagógicas y, así, recuperar el espacio fiscal invertido en mitigar el impacto adverso de esta crisis.

¿Cuál es el impacto de la recesión sobre las finanzas públicas?

Para dimensionar el esfuerzo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que realizar para recuperar su espacio fiscal, es necesario plantear un escenario que proyecte la situación de las finanzas públicas en los próximos 18 meses. Para hacer este ejercicio, el supuesto más importante es la proyección del crecimiento del PBI. Asumiendo que la emergencia sanitaria logre controlarse en lo que resta del año, que la economía global se recupere, aunque anémicamente, y que el 60% de la producción reinicie sus motores de manera gradual tras la cuarentena, la actividad económica se contraería 12% este año (tasa similar a la registrada durante el colapso del régimen aprista en 1989) y rebotaría al 5% en el 2021.

Bajo este escenario, se registraría este año un déficit fiscal del 10% del PBI, incrementándose en 8 puntos del producto comparado con el 2019. La mitad de este incremento se explicaría por mayor gasto público y la otra mitad por las medidas de alivio tributario y la caída en la recaudación ocasionada por la recesión. Los ingresos del Gobierno se reducirían en alrededor de S/ 30,000 millones con respecto al 2019, vale decir que se perdería una quinta parte de nuestros ingresos fiscales o cinco veces más que lo que se perdió en el 2009 tras la crisis financiera global. Para el 2021 se proyecta una recuperación de la recaudación en 2% del PBI por factores cíclicos. Asumiendo que el MEF decida iniciar un proceso de gradual saneamiento de las finanzas públicas, se prevé un déficit fiscal de alrededor de 8% del PBI. Este escenario demandará recuperar un estimado de S/ 28,000 millones (4% del PBI) de ingresos fiscales adicionales, esfuerzo muy significativo en vista de la elevada informalidad de la economía y las secuelas que la crisis dejará en la actividad empresarial de nuestro país.

El financiamiento del repunte del déficit fiscal es enteramente atendible a través de un mayor endeudamiento externo y un uso razonable de los activos que el Tesoro Público ha logrado acumular (más de 14% del PBI). Según la estrategia de reducción gradual del déficit que se adopte, hay amplio margen para incrementar el endeudamiento externo, tal como lo muestra la reciente exitosa emisión de bonos globales a tasas históricamente bajas con una sobredemanda superior en ocho veces a la oferta de $ 3,000 millones. Recordemos que el ratio deuda producto del Perú se ubica muy por debajo del nivel de 40% del PBI que tienen los países con similar calificación crediticia.

Agenda tributaria para reconstruir nuestras finanzas públicas

Se necesita recuperar el espacio fiscal del país. El esfuerzo debe empezar por mejorar la calidad del gasto y lograr una mayor ejecución de la inversión pública en los tres niveles de Gobierno. Por su parte, la agenda actual de flexibilización en el pago de impuestos debe dar paso a una que: i) reduzca el gasto tributario (2% del PBI) a través de la racionalización de exoneraciones e inafectaciones que existen especialmente al Impuesto General a las Ventas (IGV); ii) logre una mayor efectividad en la lucha contra la evasión que alcanza el 50% en el caso del Impuesto a la Renta y 30% en del IGV, niveles muy por encima del promedio de la OCDE; iii) utilice proactivamente el poder disuasivo de las normas anti-elusivas; iv) ejecute la cobranza de deudas tributarias de algunos grandes contribuyentes que ya agotaron la vía administrativa y judicial; y v) amplíe la base tributaria a través de un reforzamiento de medidas inductivas, fiscalización y gestión de riesgo de incumplimiento por parte de la Sunat.

Una vez agotadas estas opciones, lo aconsejable será recién evaluar la necesidad de crear nuevos impuestos o elevar tasas. Nuestra solvencia nos da la oportunidad que carecen otros países de endeudarnos temporalmente y mantener la estabilidad en las reglas del juego. Recordemos que la predictibilidad en el marco impositivo es fundamental para acelerar y mantener la inversión. Cualquier medida que eventualmente se proponga, con el debido sustento técnico, deberá compatibilizar el objetivo recaudatorio con el de lograr una mayor reactivación y formalización de la economía. Recuperar los ingresos fiscales es indispensable para financiar el presupuesto y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por lo que no hay espacio para la improvisación con propuestas efectistas o demagógicas que pueden acabar pasando una mayor factura.