Investigadora de European University Institute
El 5 de junio se celebró los 50 años del origen del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por las Naciones Unidas para la protección y sensibilización en materia ambiental, así como la contaminación marina, la superpoblación, el calentamiento global, el desarrollo sostenible y los delitos contra la vida silvestre.
También sirve de marco para que empresas, organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales y comunidades aboguen por causas ambientales alrededor del mundo.
Hace un año, también un 5 de junio, el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y el periodista británico Dom Phillips fueron ejecutados mientras realizaban una visita al área con el mayor número de indígenas en situación de aislamiento voluntario en el mundo: el valle de Javari, en la frontera de Perú con Brasil. Pereira trabajaba como coordinador de la agencia gubernamental para las poblaciones no contactadas y en aislamiento.
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Bajo su mando, se había logrado el cese de operaciones de una las minas ilegales más grandes de la Amazonía brasileña (Cowie 2019) y la expedición rumbo a una de las comunidades no contactadas más numerosas de la zona.
Sin embargo, apenas Jair Bolsonaro asumió la presidencia, fue removido del cargo. Por su parte, Phillips venía realizando una investigación llamada “¿Cómo salvar la Amazonía?” y durante su trabajo de campo tomó especial interés en la pesca ilegal. Por ello, acompañó en ocasiones a Pereira a dicha región para visibilizar dicha problemática (The Bruno and Dom Project, 2023).
Los asesinos de Pereira y Phillips forman parte de una red de pesca ilegal, financiada por el tráfico de drogas, que van en busca de zonas para realizar dicha actividad al mismo tiempo de invadir tierras.
El autor intelectual posee documentación de Perú, Colombia y Brasil. Una foto hallada en el celular de las víctimas fue recuperada y sirve para reconstruir sus últimos días. Una patrulla comunal de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari con ayuda de una red de periodistas de investigación encontró el dispositivo meses después, tratando de encontrar pistas. Para Bolsonaro, ambos hombres se embarcaron en “una aventura” poco recomendable (O Globo, 2022).
El desdén de sus declaraciones es un síntoma de la situación precaria y de abandono por la que atraviesa nuestra Amazonía y sus habitantes. Debido a la falta de presencial estatal, esta región se convirtió en un centro de operaciones para la caza, pesca, minería y tala ilegal. La triple frontera de Perú, Brasil y Colombia forma parte de la ruta del narcotráfico, así como de la pesca ilegal.
Peces capturados en Brasil son luego comercializados en Perú y Colombia. Un paiche puede llegar a costar US$ 1,000 y representa una actividad de bajo costo y riesgo comparadas a otras actividades ilegales de la zona (Pedro, Luna Amancio y Hurtado, 2023). Se estima que uno de cada cinco peces es capturado ilegalmente en África y América del Sur (WWF, 2023).
El costo anual proveniente de actividades económicas ilegales es de entre US$ 7,000 a US$ 12 ,000 millones de a nivel global. Esto incluye los impuestos que dejan de percibir los Estados así como elementos sin valor de mercado como el almacenamiento de carbono, la biodiversidad, la filtración de agua y la retención de inundaciones (Banco Mundial, 2019). En el Perú, las economías ilegales mueven más de US$ 6,500 millones (CHS y KAS, 2022).
Es urgente procurar condiciones para el comercio legal y sostenible que priorice la seguridad y el bienestar de los directamente involucrados, así como promover alianzas público-privadas para frenar la economía ilegal.
En un documento de KPMG sobre el caso de negocio a favor de la acción climática, la alineación de intereses del capital privado junto a la ciudadanía es clave, sobre todo, en zonas fronterizas críticas. Las empresas que tienen una agenda ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo por sus siglas en inglés) incrementan su rentabilidad, además de atraer talento y retenerlo.
Y más urgente aún es asegurar la supervivencia de las poblaciones amazónicas amenazadas por la violencia, el racismo y la indiferencia. En la última década, setenta líderes indígenas han sido asesinados por traficantes de tierras y narcotraficantes en el Perú (Gómez Vega, 2023). El más reciente fue Santiago Contoricón, histórico líder asháninka y alcalde de Río Tambo, baleado el mes pasado. A diferencia del caso de Pereira y Phillips, en Perú estos crímenes siguen impunes y no hay comisión intersectorial que pueda revertir esta funesta tendencia. Nuestra Amazonía, también conocida como ‘el pulmón del mundo’, está herida de muerte, y no estamos haciendo lo suficiente a nivel gubernamental, privado ni ciudadano para evitarlo.
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