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Uno de los recursos marinos que, después de la anchoveta, genera más divisas por su exportación, como el calamar gigante -pota-, viene siendo depredado sistemáticamente por la flota china, advirtió Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias.
Denunció que, en estos momentos, existen 631 embarcaciones chinas que pescan irregularmente pota en el Pacífico Sur, perjudicando a Perú, Ecuador y Chile, donde la captura de la citada especie representa un 65% de todo el calamar gigante en el mundo.
En el Perú, Miranda, como presidente del Comité para el Manejo Sostenible del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (Calamasur), refirió que según estimaciones del sector pesquero local, dicha flota extranjera estaría pescando, cerca del límite del dominio marítimo del Perú, un volumen estimado en 50,000 toneladas de pota peruana al año, que tiene un valor en el mercado internacional de US$ 85 millones.
¿Cuánto mueve la pota en el Perú?
Se calcula que, en total, en el Perú se extraen, formalmente, unas 450,000 toneladas de calamar gigante al año (cuya exportación asciende a los US$ 800 millones), que se destinan a España, China, Corea del Sur, Tailandia y México.
Por ejemplo, en el 2020, el producto pesquero más exportado por Piura fueron los calamares y pota congelados (US$ 298 millones), mientras que la harina de pescado fue el producto más exportado por Lima (US$ 533 millones) y Áncash (US$ 324 millones).
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El problema, explicó Miranda, surge porque en la recientemente realizada X Reunión de la Comisión de la Organización Regional de Manejo Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que agrupa a diversos países pesqueros, en medio de discusiones y falta de acuerdos, China no aceptó que se imponga más control a su flota de calamar en aguas internacionales.
Piden mayor control a flota china
Sostuvo que con argumentos que consideró frágiles, los chinos no permiten que Perú amplíe su programa de observadores nacionales en dicha flota, con lo cual nuestro país buscaba mejorar la recolección de datos y el control de los barcos de calamar de bandera peruana.
Detalló que actualmente solo se puede tener una presencia, como máximo, del 5% de observadores en esa flota de más de 600 naves chinas, cuando otras organizaciones, como la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), por ejemplo, establecen un 100% de observadores (en ese caso en las flotas atuneras que operan en aguas internacionales).
Por tal razón, Miranda, como presidente de Calamasur, invocó a las autoridades peruanas a tener una presencia mas firme ante la OROP-PS, de forma que exija un mayor control a la referida flota.
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Demandó también al Estado peruano que realice control en los astilleros para impedir la construcción ilegal de más barcos, así como una supervisión de los trasbordos de personal en altamar, a través de la OROP, y con apoyo de la Marina de Guerra.
Polémica por regulación pesquera
Además, Miranda señaló que la presunta depredación que realiza la flota extranjera no es regulada por la recién aprobada ley 31622 (dada por el Congreso este 16 de noviembre), que busca fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada dedicada a la extracción ilegal de especies acuáticas.
Dicha norma establece penas de hasta siete años de cárcel para quienes realizan pesca en zonas prohibidas, o capturen especies con tallas por debajo de las permitidas, entre otras exigencias.
Según el dirigente pesquero, esa norma persigue más a los pescadores artesanales y quienes operan en la legalidad, pero que no alcanza malas prácticas pesqueras, al margen de la ley, como la operación de plantas que procesan pescado para la producción ilegal de harina.
Sin embargo, la ONG ambientalista CooperAcción salió en defensa de esa ley, al señalar que representa un claro avance en la lucha contra el crimen organizado que depreda nuestros recursos hidrobiológicos.
“Sin embargo, a pocos días de promulgada la norma se desataron un conjunto de iniciativas que buscan derogarla y que han tenido eco en congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular, entre otras agrupaciones políticas, y en el ahora exministro de la Producción, Jorge Prado”, advirtió esa ONG.
Refirió, además, que hay una serie de requisitos -que establece esa ley de crimen organizado- que permiten diferenciar las actividades de pescadores artesanales de las mafias que operan depredando la flora y la fauna marina.
El propio procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, ha señalado que la Ley 31622 no busca afectar la producción ni el trabajo que realizan los pescadores artesanales en el país, aclaró.