Desde afuera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se ve como una entidad que funciona de manera óptima –comparada con ministerios y otras agencias del Ejecutivo cuya gestión se ha deteriorado en los últimos años–. Pero según reveló a este diario su nuevo superintendente, Sergio Espinosa (Gestión 16/08/2024), afronta ciertas dificultades que afectan su labor de supervisión y regulación. Obstáculos similares sí eran evidentes en la Sunat, porque su trabajo se refleja en la recaudación de impuestos nacionales, que ha emprendido una reestructuración, con nuevo jefe al frente.
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Así que la SBS ha emprendido su propia reestructuración. Espinosa señala que despachar directamente con 15 superintendentes adjuntos y gerencias es demasiado, así que habrá cambios administrativos. En la parte supervisora y regulatoria, se pedirá apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para conocer experiencias internacionales y hacer que la toma de decisiones sea más expedita (ahora es “un poco lenta”). Hoy que los nuevos productos bancarios en particular, y financieros en general se multiplican –caso de las innumerables estructuras cripto o de los fondos de inversión online–, la elaboración, adecuación y actualización de normas no puede quedarse atrás. Factores clave serán la adopción de tecnologías que sustenten esa modernización y un mayor acercamiento a los usuarios, pues no basta con publicar notas de prensa.
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Asimismo, la SBS tiene que recuperar la presencia que antes tenía en la elaboración de legislación financiera. Es una tarea difícil, considerando el estilo chapucero de este Congreso y el anterior. Abundan los ejemplos de leyes aprobadas sin que se haya tomado en cuenta la opinión de la SBS –topes a tasas de interés para pymes y créditos de consumo, que la cajas municipales emitan tarjetas de crédito sin permiso de la SBS, retiros de fondos de las AFP, las normas a favor de la minería ilegal, la enrevesada reforma del sistema de pensiones, etc.–. Pero nada se pierde intentándolo, aparte que el peso mediático de las entidades públicas profesionales y serias no ha menguado.
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Con respecto a la cuestionada reforma de pensiones, que le costaría al tesoro público S/ 4,700 millones al año, el pleno del Congreso aprobó el dictamen respectivo el jueves pasado. Ahora, está en manos del Ejecutivo, que deberá promulgar u observar la autógrafa de ley. Quizás Espinosa se anime a comprarse el pleito. O sea, proponer que se observe e insistir en alternativas menos costosas para una reforma que sí es necesaria.
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