Escribe: César Puntriano, Socio del Estudio Muñiz
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha identificado dos problemas públicos relacionados con la inspección laboral, que ameritarán un análisis por parte de dicha institución para definir cómo solucionarlos. Para ello ha elaborado una “agenda temprana”, planteando como fecha tentativa de solución al mes de noviembre del 2027.
No existe certeza del detalle de los problemas públicos identificados por la Sunafil ni tampoco si serán abordados de manera objetiva y siquiera solucionados, pero resulta interesante darle una mirada a la agenda temprana y reflexionar sobre los mencionados “problemas”. Antes de ello pongámonos en contexto, el Perú tiene una tasa de informalidad laboral altísima, más del 70% de la PEA, la Sunafil cuenta con menos de 1,000 inspectores a nivel nacional, y no se enfoca en el sector informal, es decir, aquél en el que los trabajadores no están registrados en planilla, no acceden a beneficios laborales, a seguridad social ni mucho menos a seguridad y salud en el trabajo. La inspección, por limitaciones presupuestales y técnicas, solo alcanza a la minoría de trabajadores en el país. Y por ello no deja de llamarnos la atención que no se considere a la informalidad como parte de estos problemas.
El primero de los problemas identificados por la Sunafil se refiere al incumplimiento de los empleadores del deber de colaborar con la inspección del trabajo, obstaculizando que las actuaciones inspectivas cumplan su finalidad. Dice la Sunafil en la agenda temprana que, entre el periodo 2022-2025 se registraron un total de 76,678 actas de infracción relacionadas con incumplimientos a la labor inspectiva.
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Recordemos que el artículo 9 de la Ley General de Inspección del Trabajo regula la obligación de los empleadores de colaborar con los inspectores, debiendo atenderlos debidamente, prestarles las facilidades para el cumplimiento de su labor, declarar sobre cuestiones que tengan relación con la inspección, facilitarles la información y documentación necesaria, entre otras medidas. Si bien pueden presentarse situaciones en las que exista falta de colaboración del empleador, no perdamos de vista que existe un fuerte componente subjetivo del inspector laboral para determinar si se le dieron facilidades o lo atendieron debidamente.
"Lamentablemente no vemos mayor intervención de la Sunafil en el sector informal, aunque entendemos que no depende solo de la autoridad inspectiva sino que se requiere de una estrategia integral que no se ha implementado en los gobiernos anteriores".
En todo caso, que la Sunafil ponga relevancia al incumplimiento del deber de colaboración con la inspección nos lleva a insistir en que todo empleador debe contar con un protocolo de atención a los inspectores. No basta con cumplir la norma, es fundamental contar con un procedimiento claro en el que por ejemplo se fijen pautas de atención al inspector, desde la persona a cargo, tiempo máximo de espera, lugar, facilidades, entrega de información, etc.
Luego la Sunafil plantea como segundo problema al alto índice de incumplimiento en materia de remuneraciones por parte de los empleadores, pues se habría advertido omisiones en su pago, así como el pago de la remuneración mínima vital, gratificaciones, bonificaciones, asignaciones e indemnizaciones. La agenda temprana señala que durante el bienio 2022–2024 se emitieron 46,087 órdenes de inspección sobre dicha materia. A diferencia del primer problema, la agenda se refiere a órdenes de inspección, las cuales no necesariamente culminan en la detección de una infracción e imposición de multa. Es decir, no queda claro si las órdenes terminaron en sanción al empleador.
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En todo caso, hay que considerar a este problema como un motivo para la reflexión y verificar si en nuestras organizaciones venimos cumpliendo con lo que la normativa laboral requiere. Cobra relevancia la adopción por parte de las organizaciones de prácticas para gestionar y cumplir con la normativa laboral, no solo para evitar la multa o el proceso judicial.
Vemos que los problemas identificados por la Sunafil permiten que los empleadores implementen medidas, tanto de forma como de fondo con miras a mitigar el riesgo de ser sancionados por la autoridad inspectiva.
Resulta acertado que la Sunafil dé a conocer situaciones identificadas en sus visitas inspectivas que requieren de especial atención y por ende de la ejecución de acciones concretas, que esperamos ocurran, pero no debe dejarse de lado el gran desafío que plantea la informalidad para nuestra sociedad, siendo la autoridad inspectiva un pilar fundamental de la estrategia para reducirla.
Lamentablemente no vemos mayor intervención de la Sunafil en el sector informal, aunque entendemos que no depende solo de la autoridad inspectiva sino que se requiere de una estrategia integral que no se ha implementado en los gobiernos anteriores, mucho menos en este que es de transición. Estrategia que pasa por dotar de recursos adecuados a la autoridad inspectiva. ¿Lo hará el gobierno entrante? Ojalá.
