Escribe: Lucianna Polar, socia del Estudio Olaechea
La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas del país. A puertas de un año electoral es pertinente hacer un diagnóstico y explorar alternativas de solución, por lo que es necesario que este tema sea parte de la agenda de los candidatos.
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De acuerdo con el MTPE, al 2025 existen 4.22 millones de trabajadores formales en el sector privado y 1,56 millones en el sector público. El 56% del empleo formal se ubica en Lima, al igual que el 80% de las empresas formales. Excluyendo a la capital, apenas cuatro regiones concentran el 45% del empleo formal restante: Arequipa (18.5%), La Libertad (13.2%), Lambayeque (7.9%) y Piura (7.4%).
Frente a ello, la magnitud de la informalidad impone serias limitaciones al crecimiento económico, la recaudación tributaria, la productividad, la calidad del empleo, entre otras. La pandemia profundizó la tendencia a la informalidad, afectando especialmente a poblaciones vulnerables: adultos mayores, mujeres, personas con menor nivel educativo y población rural.
Según el INEI, en 2024 el 71% de trabajadores eran informales. (Foto: Andina)
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Según el INEI, en 2024 el 71% de trabajadores eran informales, cifra prácticamente igual a la registrada en 2023 (71.1%). Esto significa que más de 12 millones de peruanos laboran sin acceso a derechos laborales ni seguridad social.
La OIT divide a la informalidad en tres categorías (clasificación que sigue el MTPE): personas que trabajan en empleo informal, personas que trabajan informalmente para empresas formales y personas que trabajan informalmente en los hogares.
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Algunas de las actividades económicas donde hay más informalidad son: la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, que el INEI agrupa en un solo sector que presenta una informalidad de 93.2%. Esta en el rubro de los restaurantes y hoteles llega a 80.9%
Respecto de los de trabajadores del hogar, la informalidad alcanza el 94.4%. Ello se debe en buena parte a que implica procedimientos administrativos burocráticos y difíciles de entender para los empleadores del hogar que no están familiarizados con el sistema.
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Si nos comparamos con la región, habría que empezar señalando que en América Latina la tasa promedio de informalidad es de 50%. Los países que tienen menores tasas de informalidad son Chile (27.5%), Uruguay (28.5%) y Brasil (36.5%). El Perú es el segundo país más informal de América del Sur, solo superado por Bolivia, que presenta un peor escenario, con 83.9% de informalidad, y uno de los más informales de América Latina.
Los países que mejor han enfrentado la informalidad se han enfocado principalmente en la reducción del costo de la formalidad, incentivos económicos, simplificación de trámites, programas sociales vinculados a la formalización y seguridad social efectiva.
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¿Qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, reducir costos laborales sin que estos afecten negativamente los ingresos de los trabajadores puede resultar beneficioso. Por ejemplo, se podría disminuir las cotizaciones de seguridad social para trabajadores de bajos ingresos, evitando de esta forma que EsSalud (9%) funcione como “impuesto a la formalidad”.
De otro lado, tal como recomienda el economista Hugo Ñopo, habría que eliminar los “saltos” por tamaño de empresa, pues son un desincentivo al crecimiento empresarial, generan pseudo-microempresas y evasión, e inducen a la desnaturalización de relaciones laborales.
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Asimismo, es necesaria una reforma del sistema de salud para eliminar duplicidad y desigualdades en los beneficiarios de EsSalud y SIS, así como corregir los problemas de gestión de las prestaciones económicas brindadas, entre otros.
Además, podría evaluarse el establecimiento de subsidios focalizados. En Colombia, por ejemplo, donde la informalidad se redujo en 4% entre 2019 y 2023, a pesar de la pandemia, se establecieron subsidios a la contratación formal, que están vigentes hasta el 2026: 30% de la remuneración mínima para jóvenes, 20% de la remuneración mínima para mujeres y 10% de la remuneración mínima para hombres.
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En Chile, se establecieron bonos estratégicos (asumidos por el Estado, no por los empleadores), tales como el bono por formalización del trabajo (aprox. S/ 1000) para aquellos trabajadores que inician su vida laboral en el sector formal; o el bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para empleadores que contratan mujeres.
Asimismo, se podrían reducir cargas regulatorias, tributarias y administrativas para micro y pequeñas empresas. A modo de ejemplo, en Brasil, se llevó a cabo el Programa Microemprendedor Individual (MEI), que facilita la formalización de microempresas con costos mínimos.
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Reducir la informalidad laboral requiere no solo de un compromiso e intención de parte de los empleadores sino, principalmente, de una estrategia de Estado. Esperemos que para las próximas elecciones programadas para abril de 2026, los candidatos tengan propuestas para erradicar la informalidad o por lo menos reducirla significativamente, un reto ineludible para el próximo Gobierno.
