Escribe: Omar Mariluz Laguna, director de Gestión
El fin de semana, durante un evento de la policía, la presidenta Dina Boluarte pidió a la prensa que dejemos “de inventar historias falsas porque, a este paso, vamos a tener una colección de pinochos”. Mientras el negacionismo se apodera de nuestras más altas autoridades, las calles del país se siguen llenando de sangre y caos.
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Solo el viernes, alrededor de las seis de la tarde, Fernando Castillo Díaz, un hombre de 56 años, fue asesinado dentro de su auto BMW por cuatro balazos disparados por dos sicarios que iban en una moto negra en pleno tráfico en la cuadra dos de la avenida Camino Real, en San Isidro.
Horas más tarde, el sábado por la tarde, Manuel Montoya, administrador de un restaurante pastelero en la cuadra 11 de la avenida Precursores, en el distrito de San Miguel, fue asesinado de cinco disparos por dos falsos repartidores. La conclusión es clara: la presidenta Boluarte no ve las noticias manchadas de sangre todos los días, o necesitará seguir operándose la nariz porque solo le seguirá creciendo.
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Perdonen la indignación, pero no quiero imaginar lo que deben sentir los deudos de las víctimas de la inseguridad ciudadana al escuchar a la presidenta negar, con un alto grado de cinismo, lo que ocurre en las calles de todo el país. La violencia nos afecta a todos, sin excepción. No hay ciudadano, emprendedor o líder empresarial que no esté preocupado por lo que está sucediendo.
Este fin de semana, por ejemplo, en un comunicado conjunto, micro, pequeños y grandes empresarios lamentaron que el Estado esté perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú. “Sin decisión política ni firmeza, los peruanos seguiremos muriendo, los negocios cerrando y habremos dejado al Perú en manos del crimen organizado. ¡Que no nos ganen la batalla!”, advierten empresarios de todo el país.
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El problema es que no se combate el crimen en “Ciudad Gótica”, como acertadamente calificó el periodista Paolo Benza a Lima, con más estados de emergencia o leyes populistas que hablan de “terrorismo urbano”. Se combate poniéndole un freno al crimen organizado.
Lo que hemos visto en los últimos meses son leyes promovidas desde el Congreso y avaladas por el Gobierno de Dina Boluarte que, en lugar de frenar a los criminales, les otorgan más facilidades. Sean extorsionadores, mineros ilegales o narcotraficantes, la impunidad se ha acentuado en el país.
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Es evidente que las redes criminales tienen tentáculos en la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En resumen, todo el sistema de justicia está infiltrado, y estas redes están estrechamente vinculadas con el poder político. Eso lo sabemos todos los peruanos. Mientras estas redes sigan ahorcando a nuestras instituciones, no habrá estado de emergencia ni ley contra el “terrorismo urbano” que cambie la situación.
Perdonen el pesimismo, pero el drama de sangre y extorsión que hoy vivimos como país se ha vuelto insoportable. Lamentablemente, nada indica que las autoridades actuales vayan a cambiar esta realidad. ¿En algún momento se le caerá la nariz a nuestro Pinocho?
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Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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