Periodista
Es muy curiosa la situación política que vivimos. El argumento de quienes se oponen a elecciones anticipadas es que se deben cumplir los plazos constitucionales, porque de lo contrario podría cundir la inestabilidad y el caos. Y, en adición, señalan que si se dieran las elecciones este 2023 o el 2024, no habría nadie mejor (suponemos que a los actuales gobernantes y congresistas) a quien elegir.
No hay ninguna duda de que el país necesita estabilidad política y económica, respeto a la Constitución y a las leyes, y el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad.
Sin embargo, y aquí viene lo curioso, sucede que quienes quieren quedarse hasta el 2026, utilizando los argumentos antes señalados, son los primeros en actuar de tal manera que no hacen más que generar inestabilidad, malestar y desprecio ciudadano, incertidumbre, desorden y confusión. Nos referimos a los congresistas y a los miembros del Gobierno. Y no es cuestión de cifras en las encuestas, son hechos reales y recientes.
Apenas hace unos días, la Fiscalía allanó las viviendas de casi una veintena de congresistas, encontrando en la casa de uno de ellos gran cantidad de dinero en efectivo. Varios legisladores están siendo investigados por diferentes casos. Hay parlamentarios acusados de violación, de ser “topos”, de “niños”. Una congresista está fuera del país desde hace varias semanas. Otros congresistas parecen usar la administración del Parlamento como agencia de viajes.
Se ha conocido decisiones recientes de la Mesa Directiva del Congreso sobre abultados e innecesarios, o poco reflexivos, gastos que muestran una total desconexión con la situación que vive el país.
A esto hay que agregarle el populismo y la irresponsabilidad legislativa de algunos sectores que elaboran leyes sin tener en cuenta el impacto real de estas; así como los proyectos de ley que son aprobados en las comisiones o en el Pleno, que no hacen más que generar preocupación e incertidumbre en diferentes sectores. Y no hablamos solo de los temas económicos.
La presidenta en ejercicio tiene una investigación fiscal abierta por presunción de lavado de activos y está siendo acusada todos los días, con documentos que dan cierto fundamento a las denuncias, sin que ella pueda ser capaz de articular respuestas consistentes, coherentes y convincentes. Su credibilidad está quedando muy maltratada.
Le han presentado una moción de vacancia que no va a prosperar, pero que ya abre las puertas a nuevas mociones que podrían ir creciendo en votos favorables y en respaldo de la opinión pública si ella no es capaz de rectificar y corregir conductas y errores.
No ha dado ninguna explicación a las muertes producidas durante los actos de violencia desde que subió al poder; mantiene en su gabinete a ministros investigados por la Fiscalía y a quienes vienen cometiendo error tras error.
Ninguna de las primeras mociones de vacancia presentadas en los últimos años tenía la expectativa ni los votos para hacer caer al inquilino de Palacio. Eran globos de ensayo e instrumentos para ir metiendo la idea de que la siguiente presentación de la moción sí podría resultar.
El Gobierno no es capaz de ofrecer a la ciudadanía respuestas consistentes y rápidas frente a temas muy urgentes. La presidenta dijo que no había recursos ni herramientas para hacer frente a las lluvias y huaicos, y prefirió dedicarse a buscar culpables y cambiar de nombre a instituciones.
La delincuencia ha tomado distritos y ciudades, asesinando, asaltando y extorsionando diariamente a ciudadanos de toda condición, sin que Palacio de Gobierno se dé cuenta todavía y, mientras tanto, los altos mandos de la Policía están pendientes de lo que diga un “español”.
Todos los días mujeres y niñas de toda edad son maltratadas, atacadas, violadas y/o asesinadas, sin que pueda haber respuestas rápidas de parte de las instituciones responsables. No puede ser que se dicten órdenes de detención después de cinco días o no se pueda capturar a quien públicamente prendió fuego a una mujer.
Nada de esto es subjetivo, son hechos reales y diarios protagonizados por quienes dicen garantizar la estabilidad y por quienes creen que en este momento no se podría elegir a nadie mejor.
Si realmente quisieran garantizar la estabilidad, congresistas y miembros del Gobierno corregirían su actuar y/o se apartarían de toda sospecha de estar siguiendo los pasos de aquellos que en la gestión o gestiones anteriores hicieron uso y abuso de su condición y privilegios.
Si realmente quisieran evitar el caos y la incertidumbre, harían bien su trabajo, asumirían sus responsabilidades, enfrentarían las acusaciones y denuncias, dejarían de tomar decisiones que benefician intereses particulares o de grupo, o tomarían decisiones que enfrenten los urgentes problemas que angustian a la población, para demostrar que pueden gobernar realmente en beneficio de todos los peruanos.
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