Escriben: Javier Escobal, Investigador de Grade, y Javier Herrera, Profesor visitante - PUCP*
(6 de setiembre del 2024) En los países democráticos, los institutos nacionales de estadísticas juegan un papel importante generando insumos básicos para la evaluación de las políticas públicas, aspecto central del debate democrático y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
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En el Perú, luego de un periodo donde se ponía en duda la transparencia con la que se medía la pobreza, el Gobierno creó en el 2012 la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza, conformada por expertos independientes, organismos internacionales y expertos de los sectores, para asesorar en la medición de la pobreza e indicadores relacionados; evaluar y validar las estimaciones que se efectúen; y proponer, cuando fuera pertinente, modificaciones a las metodologías asegurando la comparabilidad en el tiempo de los indicadores. Los miembros de la Comisión, cuyo aporte es ad-honorem, examinan y evalúan todos los aspectos de la medición de pobreza y elaboran una declaración donde dan cuenta de la calidad de la información de base y de los cálculos de los gastos y de las líneas de pobreza. También, cuando es necesario, precisan el alcance y las limitaciones de los indicadores y sugieren mejoras. Gracias a esta iniciativa y a la adopción y puesta en práctica del código internacional de buenas prácticas, el INEI ha recibido comentarios elogiosos por parte de organismos como el BID, CEPAL, Banco Mundial, OCDE, y ha avanzado en la recuperación de la confianza de la población en la veracidad, rigor y transparencia de los resultados de pobreza que publica.
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Sin embargo, los avances logrados en los últimos 20 años no han estado exentos de amenazas cuando se ignora que el INEI es una institución de Estado y no una a la merced del gobierno de turno, y se socava su autonomía técnica y de gestión, como garantiza su Ley de creación. Un caso reciente fue la orden recibida por el jefe del INEI de postergar la publicación del último informe oficial de pobreza del 2023 pues las “malas noticias” no fueron del agrado del Gobierno. Ello puso en peligro la reputación del INEI. Finalmente, la presión de los medios y de la opinión pública (el tema se volvió tendencia) hicieron retroceder al Gobierno, quien no pudo evitar que los resultados se publiquen el día previsto.
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Lamentablemente el asedio continúa. El Gobierno busca aprobar un Decreto Supremo mediante el cual cuestiona la rectoría del INEI sobre el sistema estadístico y cuestiona su autonomía técnica y responsabilidad en el cálculo de los indicadores no monetarios de la pobreza. Bajo el impulso del Midis, el Gobierno pretende derogar el DS que confía al INEI la tarea de la medición de la pobreza multidimensional para luego transferirla al Midis. Siendo dichos indicadores parte central de los criterios de la rendición de cuentas de sus políticas de lucha contra la pobreza, el Midis se convertiría en juez y parte, elaborando los indicadores que evalúan su propio desempeño.
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La Comisión Consultiva venía trabajando sobre los indicadores oficiales de pobreza multidimensional, y tiene un cronograma que define la ruta a seguir. Como resultado de este trabajo, junto con los resultados de pobreza monetaria 2023, el INEI publicó un tablero de control de 29 indicadores correspondientes a ocho dimensiones de la pobreza no monetaria (salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo, energía, seguridad ciudadana y conectividad. El nuevo DS propondría retirar al INEI y a la Comisión Consultiva de Pobreza de la responsabilidad sobre los indicadores multidimensionales de pobreza.
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Los indicadores de pobreza monetaria y no monetaria son uno de los principales indicadores del desempeño de las políticas públicas y para su elaboración se requiere independencia y autonomía en su elaboración. Contar con un INEI que siga cumpliendo cabalmente su papel de ente rector del sistema estadístico, con respeto a su autonomía técnica y de gestión es esencial para garantizar la calidad de la información brindada y la rendición de cuentas de los gobiernos de turno. Al transferir al Midis funciones propias del INEI, el DS que propone el Gobierno es una amenaza a la credibilidad de los indicadores de pobreza no monetaria.
(*): Opinión personal de los autores, miembros de la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza, que no refleja necesariamente la opinión de la Comisión.
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