Encarando el Covid-19: Políticas contracíclicas sin precedentes

Exministro de Economía y Finanzas

A diferencia de otras crisis externas que ha sufrido el Perú, en la actualidad enfrentamos una que inicial y directamente afecta al sector real de nuestra economía. Las herramientas convencionales de política económica tendrían una efectividad limitada, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas (MYPE) las que articulan a un enorme número de trabajadores informales. En este contexto, todos debemos aportar propuestas para que las medidas que adopte el Gobierno sean oportunas y eficaces y mitiguen las significativas pérdidas de bienestar que enfrentaremos a lo largo del año.

El problema central es el quiebre de la cadena de pagos

La contención más efectiva ante la pandemia del COVID-19 se logra a través de la cuarentena de la población, pese a que con seguridad generará una significativa reducción de la actividad económica cuyos efectos se harán sentir a lo largo del año. Como ya venimos experimentando todos los peruanos, el aislamiento social evita que los trabajadores formales asistan a sus centros de labores, que los independientes y cuentapropistas (en su mayoría informales) no puedan generar ingresos y que, así, los ciudadanos limiten su capacidad de consumo. Esto impactará directamente a la producción.

La consiguiente reducción de los ingresos por la caída en las ventas de un número muy significativo de empresas en diversos sectores productivos tiene el lamentable efecto colateral de interrumpir la cadena de pagos, en buena medida, por la anticipación que hacen los agentes del mercado sobre lo que creen que será una evolución negativa de la economía, lo que ahonda la magnitud real de la crisis. Esto se refleja en la dificultad de miles de empresas de hacer frente al pago de la planilla y obligaciones sociales de sus trabajadores, pagar a sus proveedores (que en mayoría son también pequeñas y, sobre todo, microempresas), honrar el servicio de su deuda financiera, mantener vigentes garantías, el pago de sus impuestos, primas de seguros, alquileres y servicios públicos.

Las MYPE y los informales son los más vulnerables

La suma de estos efectos se traduciría en el incumplimiento de los plazos en la entrega de bienes y servicios a sus clientes, así como otras obligaciones contractuales. En este contexto, el mayor desafío económico que enfrentamos es el riesgo de despidos generalizados (y/o potenciales reducciones salariales) y la quiebra de un gran número de empresas, diluyendo cadenas de generación de valor que en algunos casos tomó décadas construir y algunas de las cuales están integradas en el comercio global. Por ejemplo, pensemos en el caso de la actividad textil en la que si bien la actividad exportadora aparentemente está concentrada en un grupo reducido de empresas, lo cierto es que descansa en gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, la composición empresarial de nuestro país se caracteriza por la existencia de más de 4 millones de MYPE que generan más de 8 millones de empleos. Más importante aún, cerca de la mitad de las MYPE son informales y el 90% se dedican a la actividad de comercio y servicios, sectores que se encuentran entre los afectados por la cuarentena.

Mix de políticas son adecuadas pero se necesita más

Al respecto, vale la pena anotar que esta complejidad no es única a nuestro país y las opciones de política que se están adoptando en la mayoría de países latinoamericanos son similares: reducción de las tasas de interés referenciales, agresivas inyecciones de liquidez monetaria e impulsos fiscales, flexibilización de la mayoría de obligaciones financieras que enfrentan las personas naturales y jurídicas, facilidades para atender el pago de los servicios públicos y el pago de transferencias de recursos no condicionadas para los hogares más vulnerables (como los S/ 380 soles que serán transferidos a 3 millones de hogares) dotándoles de una capa de protección social adicional ante la crisis.

Las limitaciones naturales al pago de estas transferencias es que, como ya se ha dicho, no necesariamente llegarán al segmento de informales y que su repetición, de prolongarse la cuarentena, eventualmente enfrentarán limitaciones fiscales y dificultades de gestión por las falencias de nuestra administración pública (desde la pagaduría hasta la supervisión). Lo anterior se podría tornar más problemático de persistir problemas en el suministro, incluso una vez levantada la cuarentena, y en vista del riesgo de potenciales rebrotes, como lo han señalado expertos europeos.

Por ende, la situación llama a plantear nuevas fórmulas que podrían haber resultado impensables hasta hace poco, en parte por consideraciones tales como el riesgo moral y la selección adversa y, en parte, por la confianza en el que crecimiento continuo de la economía peruana terminaría por insertar a los informales en la formalidad. En ese sentido, el Gobierno ha hecho hasta ahora un importante esfuerzo para soportar al segmento de empresas formales, como el establecimiento de facilidades crediticias blandas que le otorguen capital de trabajo a partir de lo cual toca continuar perfeccionando una serie de nuevas medidas contracíclicas.

Lecciones del pasado dan luces sobre qué hacer

Una medida urgente que aprendimos de la crisis de 1998 y que con el transcurso del tiempo se ha difuminado derivó del colapso del sistema concursal como consecuencia de la masiva entrada en default de empresas a nivel nacional. La consecuencia práctica se tradujo en convertir el deterioro de valor de las unidades empresariales y su liquidación en la regla y la reestructuración en un número muy escaso de grandes empresas. Si bien se hicieron mejoras importantes al sistema concursal, se requiere flexibilizar y difundir el mecanismo del concurso preventivo, tratando en lo posible de virtualizarlo y proporcionando a las MYPE las herramientas para proponer planes de viabilidad y negociar colectivamente con entidades financieras, proveedores, clientes, trabajadores y entidades públicas. Asimismo, el sistema debe prepararse adecuadamente para el incremento de los casos de insolvencia transfronterizos (pensemos en el caso de las aerolíneas) y de grupos económicos (generalmente conformados por un extenso número de filiales y negocios segregados).

Se requiere liquidez, liquidez y liquidez

Un segundo paquete de medidas debe estar dirigido a mantener el empleo lo que puede lograrse a través de medidas tales como la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios, el otorgamiento de créditos tributarios, el diferimiento de pago en las cotizaciones del Seguro Social y el acceso a líneas de crédito a ser canalizadas por COFIDE a través de las entidades bancarias y cajas.

Facilidades complementarias adicionales podrían incluir el descuento de facturas que apunta a facilitar la disponibilidad de efectivo de las MYPE respecto de las facturas emitidas a clientes con corte a la fecha de inicio de la cuarentena, empleando el mecanismo de la “factura conformada”, entre otros mecanismos

Asimismo, este nuevo arsenal debiera distinguir en el universo de las MYPE entre aquellas que están insertadas principalmente en la actividad privada de aquellas que en un extenso número son proveedoras del Estado. El Gobierno ha suspendido el cómputo de plazos de ejecución de los procesos de contratación y de los procedimientos sancionadores, no obstante lo cual podría no ser suficiente. Es esperable que las MYPE tengan dificultades notables en la renovación de fianzas bancarias y pólizas de caución y que los contratos de bienes y servicios deban ser reprogramados o incluso resueltos de mutuo acuerdo sin que ello implique la imposición de penalidades, la ejecución de garantías y la cancelación del registro de proveedores.

Dado que las medidas antes descritas están circunscritas a las MYPE formales persiste el desafío de llegar a las dos millones de PYME informales. En este sentido, se podrían diseñar intervenciones integrales y con mayor alcance que combinen intervenciones para las MYPE informales, a través de programas focalizados de compras públicas (extendiendo el programa Compra MyPeru) y de desarrollo de proveedores. Dada la complejidad de estas intervenciones, lo aconsejable sería experimentar con pilotos sectoriales para sacar lecciones en esta materia. Estas medidas, sin embargo, no lograrán mitigar adecuadamente el impacto de la crisis sobre los informales, los que tendrán que seguir contando con su resiliencia, innovación y versatilidad para subsistir como lo han evidenciado en el pasado. Persiste una inaplazable agenda de reformas en esta materia.

Reformas de largo plazo son más urgentes que nunca

Las intervenciones antes descritas no sustituyen la necesidad de reflexionar de cómo lograr una mayor formalización de nuestro tejido empresarial. Durante los últimos años, las modificaciones a las diversas leyes de promoción de la MYPE y de la pequeña y mediana empresa han tenido exiguos resultados. Por su parte, la adopción de reformas más avezadas en el campo laboral, tributario y regulatorio no han concitado ni el respaldo público ni los consensos sociales y políticos para su aprobación. Esta coyuntura de crisis podría gatillar la necesidad de avanzar con una agenda que permita que cientos de miles de MYPE logren crecer y beneficiarse de la formalidad. Se requiere romper la inercia y realizar cambios estructurales que beneficien a toda la ciudadanía sin excepciones, sin caer en iniciativas legislativas populistas. Esta necesidad de cambio se hace más imperiosa cuando enfrentamos duras pruebas e internalizamos que la inacción ya no puede seguir siendo una opción.

Una consideración final reside en el riesgo moral, factor que siempre ha pesado en el diseño de políticas como las ya comentadas, ante la información asimétrica entre el Gobierno y los actores económicos. Al respecto, esta es una oportunidad única para poner la tecnología al servicio del Estado y de los agentes económicos. Las enormes bases de datos en poder de las empresas de servicios públicos, la SUNAT, EsSalud y las Administradoras Privadas de Fondos, por citar algunos ejemplos, nos permiten hoy hacer una mejor caracterización de aquellos empresarios y empresarias y cuentapropistas por los cuales hoy el Estado debe apostar sin reservas.

En suma, todos estamos obligados a aportar ideas y propuestas que sumen a los esfuerzos que el Gobierno viene desplegando para superar esta dura prueba que enfrentamos y crear las condiciones para que todos los ciudadanos podamos continuar en el sendero de la prosperidad en un mundo sujeto a shocks externos.