Las elecciones ya terminaron. Keiko Fujimori asumirá la conducción del país tras una de las contiendas más ajustadas de nuestra historia reciente. Ese estrecho margen será probablemente el principal condicionante de la política económica del próximo gobierno. La literatura de economía política muestra que las reformas solo son sostenibles cuando amplios sectores de la población perciben beneficios concretos del desarrollo. Cuando ello no ocurre, aumentan el desencanto, la polarización y la búsqueda de alternativas de cambio.
El país volvió a dividirse en dos grandes bloques electorales que reflejan dos realidades económicas distintas. Los distritos con mayores niveles de pobreza tendieron a respaldar a Juntos por el Perú, mientras que Fuerza Popular obtuvo mejores resultados en aquellos con menores niveles de pobreza y mayor desarrollo relativo. Más que un cuestionamiento al modelo económico, que sin duda ha generado mejoras sustanciales para el país, estos resultados parecen expresar el agotamiento de un Estado incapaz de transformar crecimiento en servicios públicos, infraestructura y oportunidades para todos, particularmente durante la última década.
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Por ello, el nuevo gobierno deberá enviar simultáneamente dos señales. La primera, dirigida a quienes respaldaron su propuesta: existe una agenda clara para recuperar el crecimiento económico. La segunda, dirigida a quienes votaron por la alternativa derrotada: los beneficios de ese crecimiento llegarán de manera más visible y rápida a quienes se han sentido rezagados. La legitimidad política de las reformas dependerá, en buena medida, de la capacidad de avanzar simultáneamente en ambos frentes.
La prioridad inmediata debe ser destrabar la inversión privada. El Perú posee una cartera de proyectos mineros superior a los US$60.000 millones, pero una parte importante permanece paralizada por procedimientos excesivamente largos, superposición de competencias e incertidumbre regulatoria. La permisología ha llegado a multiplicar varias veces los plazos originalmente previstos para que los proyectos avancen, provocando que muchos inversionistas opten por otros destinos. Mientras Chile simplifica autorizaciones y Argentina compite agresivamente por atraer capitales mediante esquemas especiales de estabilidad regulatoria, el Perú continúa perdiendo oportunidades en un contexto global particularmente favorable para la explotación de minerales estratégicos. Si no se responde rápidamente a esta problemática, las inversiones simplemente no llegarán y perderemos una oportunidad histórica de crecimiento. Poner en marcha esta cartera podría aportar hasta dos puntos porcentuales adicionales de crecimiento anual, con impactos sostenibles sobre el empleo y el desarrollo regional.
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Reducir la permisología no implica flexibilizar estándares ambientales ni sociales. Significa eliminar duplicidades, integrar procedimientos y establecer plazos claros para las entidades públicas. Pocas reformas podrían generar un impacto tan rápido sobre las expectativas de inversión. En esa misma línea, será indispensable revisar el sesgo excesivamente sancionador que han desarrollado diversas entidades públicas. Cuando la multa reemplaza a la facilitación, la inversión, la productividad y la formalización terminan pagando el costo.
El Estado también debe demostrar que puede funcionar. El principal problema de la inversión pública no es la falta de recursos, sino la incapacidad para convertirlos en obras terminadas. De casi 74 mil proyectos viables evaluados entre 2010 y 2025, apenas el 29,3% ha sido cerrado. Es decir, siete de cada diez proyectos permanecen inconclusos. Así, antes que seguir transfiriendo recursos a gobiernos subnacionales con limitada capacidad de gestión, el desafío pasa por mejorar la ejecución, simplificar procesos y fortalecer capacidades técnicas.
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Los elevados costos de contratación formal, la rigidez laboral y la complejidad regulatoria contribuyen a mantener una informalidad superior al 70% de la fuerza laboral. Foto: GEC
A ello se suma una agenda de reformas más complejas, pero igualmente necesarias. Los elevados costos de contratación formal, la rigidez laboral y la complejidad regulatoria contribuyen a mantener una informalidad superior al 70% de la fuerza laboral. Resolver este problema exigirá consensos políticos amplios, pero resulta indispensable si se aspira a construir una economía más dinámica, productiva e inclusiva.
Sin embargo, las reformas estructurales toman tiempo y la impaciencia de muchos ciudadanos exige respuestas hoy. Por ello, la segunda dimensión de la estrategia económica debe enfocarse en quienes no han logrado beneficiarse plenamente del crecimiento. No se trata de sustituir el modelo económico ni de reemplazar la inversión privada por gasto público. Se trata de corregir una falla del Estado que ha sido incapaz de acompañar adecuadamente el desarrollo económico y cerrar brechas sociales persistentes.
Una expansión de programas como Juntos, acompañada de intervenciones en nutrición infantil, salud primaria, agua y saneamiento, podría acelerar la reducción de la pobreza mientras las reformas comienzan a rendir frutos. Duplicando el monto de las ayudas y ampliando la cobertura hacia toda la población en condición de pobreza, sería posible reducir la tasa de pobreza desde el actual 25,7% hasta niveles cercanos al 20% en aproximadamente año y medio. Pero estas medidas solo serán sostenibles si vienen acompañadas de más inversión, productividad y empleo formal. Sin crecimiento económico, cualquier esfuerzo redistributivo termina enfrentando rápidamente sus propios límites.
Las primeras decisiones del próximo gobierno serán determinantes. No solo porque permitirán reactivar inversiones y recuperar expectativas, sino porque marcarán el rumbo político de los próximos años. John Kingdon denominó a estos momentos una policy window: una ventana de oportunidad que se abre por un período limitado y permite impulsar transformaciones que luego se vuelven mucho más difíciles. Y es que hay oportunidades que, una vez perdidas, rara vez vuelven a aparecer.
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
Exministro de Economía.
