La pandemia y la guerra en Ucrania iniciaron una nueva era. Las cadenas de suministro probaron ser frágiles y difíciles de reemplazar. El nuevo orden sepultó la “globalización para minimizar costos”, sustituyéndola por la “seguridad física”: las potencias aseguran hoy su abastecimiento integrándose con aliados y socios comerciales.
Esta transición es acelerada por la inteligencia artificial y la robótica. Ante el envejecimiento poblacional, estas tecnologías son vitales para sostener el crecimiento, exigiendo ingentes cantidades de metales y energía. A su vez, el cambio climático obliga a modernizar la infraestructura hacia la generación limpia. Por ello, potencias como los EE.UU., China, Canadá, Australia y la Unión Europea centran hoy sus estrategias en el aprovisionamiento de “materiales críticos”.
En esta reconfiguración, el Perú emerge como un actor privilegiado, pero no indispensable. Somos privilegiados porque lideramos la exportación de cobre, oro y plata, y nuestro subsuelo alberga un portafolio inexplotado de molibdeno, manganeso, tierras raras, litio y uranio. Según el Minem y el Instituto de Ingenieros de Minas, el valor in situ de nuestras reservas y recursos minerales asciende a 2.5 billones de dólares (millones de millones). De esta cifra, 1.5 billones son cobre; 600 mil millones oro y plata; y 400 mil millones metales estratégicos. Este potencial inmovilizado quintuplica el valor de los recursos actualmente en explotación y equivale a 25 veces nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN). Lejos de debatir el uso de las reservas del BCR, la política económica debe orientarse a explotar este inmenso potencial dormido.
El Perú podría perder esta oportunidad si no cambia de curso. La minería tecnificada dejó de ser una industria contaminante. Hoy proliferan operaciones mineras en lugares inverosímiles, a cuarenta minutos de Porto en Portugal, por ejemplo. También operan con éxito en Australia, Canadá, los EE. UU., Alemania y los Países Nórdicos.
Para monetizar este patrimonio es clave resolver nuestra disfuncionalidad institucional. La inversión privada se asfixia con el retraso de permisos operativos, el déficit logístico y la conflictividad social crónica. Estas tensiones derivan de la incapacidad del Estado para transformar la gran recaudación tributaria en servicios públicos de calidad en las zonas de influencia.
Desbloquear la actual cartera inyectaría 54,000 millones de dólares a la economía real. Con una ejecución estatal rigurosa, esta expansión generaría el empleo formal indispensable para erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza general a un dígito en la próxima década. El capital global exige metales críticos con urgencia; capitalizar este magno reto histórico dependerá de nuestra madurez institucional.
José Martínez Sanguinetti es fundador de Sothys Capital.
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