El último domingo se realizó el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Quedaron claras dos visiones económicas para el país: un enfoque promercado, promotor de la inversión privada y la desregulación y otro que propone un fortalecimiento del rol del Estado, así como la introducción de políticas redistributivas y de apoyo directo a ciertos sectores. Sin embargo, más allá de ese contraste, hubo una omisión importante: la agenda de reforma laboral.
El vacío no es menor. En un país donde más del 70% del empleo es informal (lo que impacta tanto en la productividad como la protección social) dejar fuera propuestas regulatorias concretas que aborden este tema limita seriamente el debate público.
En materia económica, las diferencias eran previsibles. Fuerza Popular apostó por la estabilidad macroeconómica, la promoción de la inversión privada, la aplicación de incentivos tributarios para el empleo juvenil y la reducción de trabas burocráticas como motores de creación de empleo.
Juntos por el Perú, en cambio, planteó un mayor rol del Estado a través de transferencias directas y acceso a financiamiento para pequeños emprendedores. Al mismo tiempo, se comprometió a respetar los contratos y a evitar estatizaciones.
Pese a estas diferencias, ambos enfoques comparten un supuesto implícito: que el empleo puede abordarse casi exclusivamente desde la política económica, sin revisar la arquitectura del sistema laboral. Ese supuesto merece, al menos, ser discutido.
Un eventual gobierno de Fuerza Popular apunta a simplificar trámites y fortalecer el clima de inversión. En la práctica, ello implicaría mantener el marco laboral vigente, con ajustes marginales orientados a facilitar la formalización desde el lado empresarial. Para los empleadores, este escenario ofrece mayor previsibilidad normativa. Pero también arrastra un problema de fondo: la persistencia de la informalidad que impide el incremento sostenido de empleo de calidad.
Aquí el riesgo no proviene de cambios regulatorios, sino de la inercia. Sin reformas estructurales, el mercado laboral puede seguir siendo dual: la formalidad continúa siendo costosa, mientras la informalidad se mantiene como el principal mecanismo de subsistencia.
El escenario de Juntos por el Perú es más complejo. Su énfasis en políticas activas y en un Estado más presente sugiere nuevos instrumentos regulatorios. Esto podría traducirse no tanto en reformas legales profundas, sino en una aplicación más estricta de las normas existentes: mayor fiscalización, criterios más exigentes en inspección y una intervención más intensa del Ministerio de Trabajo en conflictos colectivos.
El riesgo, en este caso, es la expansión de esa intervención sin una adecuada articulación con el sector privado, ni un reconocimiento claro de su rol en la creación de empleo formal de calidad.
Más allá de las diferencias, el problema de fondo es común: ninguno de los equipos abordó directamente el núcleo del problema laboral peruano. El país tiene uno de los niveles de informalidad más altos de la región. Eso significa que una gran proporción de trabajadores carece de acceso a seguridad social, pensiones o incluso a una mínima estabilidad. Este problema no se resuelve solo con crecimiento económico ni con programas de empleo temporal.
Se requiere revisar los incentivos, los costos no salariales, la eficiencia de la inspección y la coherencia del marco normativo.
Sin embargo, el debate evitó estos puntos. No se discutieron temas como la regulación del despido, la negociación colectiva, ni la fiscalización laboral. Tampoco se plantearon cambios en la estructura de los regímenes laborales. Y, pese a reconocer la importancia de las mypes en la generación de empleo, ninguno de los equipos presentó un plan concreto para asegurar que su marco tributario-laboral favorezca la formalización en lugar de obstaculizar su crecimiento y promover el enanismo empresarial.
El debate técnico cumplió su función al contrastar visiones económicas. Pero dejó pendiente una discusión esencial: la modernización del sistema laboral peruano. Sin una reforma que aborde simultáneamente la productividad, los costos de la formalidad y la calidad de la regulación, cualquier política de empleo tendrá un alcance limitado. ¿Cuánto más podemos postergar esta discusión?
Mónica Pizarro Díaz es socia de Echecopar.
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