Mientras los peruanos se aprestaban a recibir el 2026, con la esperanza de que no sea tan horrible como el 2025, el Gobierno de José Jerí emitió el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025, que podría significar el remezón que Petroperú necesitaba desde hace buen tiempo. La norma dicta la “reorganización patrimonial” de la petrolera estatal, proceso que estará a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Esta es la primera novedad, pues los anteriores intentos fallidos de reestructurar Petroperú fueron encargados a la propia empresa. Asimismo, el DU establece medidas para asegurar el abastecimiento de combustibles en departamentos donde es la mayor distribuidora, como Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
El DU encarga a ProInversión a dividir Petroperú en “bloques patrimoniales”, que pueden incluir a la refinería de Talara, y transferirlos a “vehículos de propósito especial”, aunque su titularidad seguirá correspondiendo a Petroperú. La toma de decisiones estratégicas también correrá por cuenta de ProInversíon, lo mismo que la selección de un operador de los bloques patrimoniales reestructurados, bajo esquemas de gestión que aseguren eficiencia técnica.
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En otras palabras, Petroperú se someterá a reglas similares a las que deben cumplir empresas estatales incorporadas en el proceso de promoción de la inversión privada. De hecho, la petrolera fue excluida del proceso en junio del 2004, bajo la Ley 28244, aprobada por insistencia por el Congreso de entonces, pues el Ejecutivo la observó. El DU del 31 de diciembre deroga justamente el artículo de dicha ley que excluía a la petrolera de dicho proceso. Hay que precisar que los DU tienen rango de ley, según la Constitución, aunque deben ser de naturaleza económica o financiera.
Aunque desde el Gobierno han asegurado repetidamente que no habrá más apoyo financiero para Petroperú, el DU incluye una transferencia de S/ 240 millones para emprender la reorganización y, algo clave en este caso, reducir personal –se estima que hay un exceso de 40%–. Ese dinero provendrá del Ministerio de Energía y Minas, además de un monto no especificado de su presupuesto, y no del MEF, como en ocasiones anteriores.
En suma, se trata de la medida más contundente (y necesaria) que se ha dictado para evitar el colapso de Petroperú y volverla eficiente. El riesgo es que el actual Congreso, más atento a intereses particulares que a los del país, decida derogar todo o partes del DU. O que el Gobierno y Congreso que resulten electos este año den marcha atrás con el plan.
