POLITIZACIÓN. La semana pasada supimos que el excongresista Heriberto Benítez, quien enfrenta un pedido de 30 años de prisión por el caso ‘La Centralita’, ha sido contratado como asesor jurídico del Tribunal Constitucional (TC). Según la resolución que lo nombró, esto se hizo a solicitud del propio presidente de esta institución, Francisco Morales Saravia.
Apenas trascendió la noticia, esta generó sorpresa y críticas desde varios sectores. Benítez no es un simple acusado contra quien no se tengan mayores pruebas en el caso ‘La Centralita’, que implica a la organización criminal que lideró el exgobernador de Áncash César Álvarez y que se dedicó a la adjudicación irregular de obras, compra de favores y asesinato de rivales políticos. Se le acusa de haber sido uno de los brazos políticos más importantes de Álvarez. Y su juicio está en ya en su última fase.
Más recientemente, Benítez también había vuelto a los titulares cuando, como abogado del exmandatario Alejandro Toledo, aseguró tras la salida de este último hacia Estados Unidos en la primera mitad del 2018 que su cliente no se había fugado. “Está fuera del país, que es distinto”, afirmó entonces. El tiempo, sin embargo, no le dio la razón.
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Por si esto fuera poco, Benítez solo ha podido ser designado asesor del TC luego de que, en diciembre, este organismo eliminara el requisito de dominar un idioma extranjero que antes tenía aquel cargo. Una práctica que ya hemos visto recientemente en otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, y que nos evoca a los tiempos de Castillo. ¿Cuál es la necesidad de nombrar a funcionarios cuestionados o que no cumplen con los perfiles técnicos? ¿No está claro que lo respetuoso con el tesoro público es contratar al personal estatal guiados por criterios mínimos de competencia que no pueden ser obviados por la cercanía política?
Lamentablemente, mientas el diseño de selección de magistrados del TC siga siendo el mismo y el Congreso siga siendo tan pequeño y unicameral –y por ende, más frágil ante lobbies y grupos de interés que un Parlamento grande y con dos cámaras con composición distinta–, este seguirá siendo vulnerable a ser capturado por el poder político de turno. Esta no es la primera composición del TC con problemas similares.
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Todo esto es particularmente peligroso en un país como el nuestro, en el que no ha cuajado aún una democracia sólida, pues no nos asegura estabilidad jurídica de largo plazo. Cada vez que una fuerza política distinta obtenga una mayoría, buscará recapturar el poder, creando un círculo vicioso interminable.
En vez de eso, nuestro contexto y urgencias reclaman un TC menos politizado. Más técnico. Compuesto por juristas intachables de distintas tendencias. Solo algo así nos dará estabilidad de verdad.
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