El Perú es un país de brechas. Las hay sociales, económicas, de género, de infraestructura, educativas y muchas más. Pero hay una que no ha sido creada por la desidia ni por la deficiente implementación de políticas gubernamentales y el mal uso de fondos públicos, sino por la injerencia del Congreso y la pérdida de peso político del MEF. Se trata de la creciente brecha entre las remuneraciones del sector público y las del sector privado.
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Las que perciben los trabajadores del Estado se incrementaron 10% entre el 2019 y el 2025, en promedio y en términos reales –es decir, descontando la inflación de dicho periodo–. En cambio, las remuneraciones del sector privado se contrajeron 3.1% en el mismo periodo. Las cifras corresponden al empleo formal, según datos de la Sunat procesados por el BCR, que Gestión publicó el lunes pasado. Recordemos que la economía peruana fue golpeada severamente por la pandemia y por la recesión del 2023, causada por El Niño costero y el ciclón Yaku. El empleo y los ingresos de los trabajadores del sector privado formal sufrieron el impacto, pero la mayoría de los estatales no dejó de recibir su pago mensual.
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En esos años de escasez de oportunidades laborales, el sector “administración pública”, que abarca la burocracia estatal, más defensa y otros –en los informes del PBI que publica el INEI– nunca decreció, mientras que construcción, comercio, manufactura, minería, transportes, etc., registraban mes tras mes de caídas. La actitud “solidaria” del Congreso se intensificó y, con el actual, se hizo incontrolable la aprobación de leyes que elevan remuneraciones, homologan beneficios, incorporan más gente a la planilla estatal, entre otras medidas que han engrosado el gasto público corriente.
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Lo que no se ha tomado en cuenta es la meritocracia, mucho menos la mejora en la calidad de los servicios que prestan (salud, educación, seguridad, etc.). A lo único que los legisladores apelan es a preservar la “estabilidad laboral” de esas personas. Y aunque no lo digan públicamente, a atraer votos. Y continúa la fuga de fondos públicos, es decir, dinero de los contribuyentes. El jueves, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el “destrabe” de la homologación del incentivo llamado CAFAE.
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Una ley previa, promulgada por Dina Boluarte, requería un reglamento del MEF para entrar en vigencia. Pero Denisse Miralles, cuando estuvo al frente de dicho ministerio, indicó que la norma era inviable, pues el costo estimado suma S/ 4,949 millones anuales. Así que había que sacarse de encima al MEF.
