Como destacó Gestión en un informe publicado este lunes, ocho empresas operadoras de concesiones viales en todo el país han anunciado que aumentarán el precio de sus peajes en enero. En la mayoría de casos, ello por razones como el incremento del tipo de cambio o la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC), asuntos que por contrato implican que puedan darse estos aumentos.
Dicho esto, mientras que en los peajes al interior del país los precios aumentarán solo entre 10 y 20 centavos, en el caso de Rutas de Lima el aumento sería de S/1: el peaje de la carretera Panamericana pasará de S/6.50 a S/.7.50. Ello pese a que Rutas de Lima no ha iniciado aún con los trabajos para las obras obligatorias que debe realizar (en la Av. Ramiro Prialé y Canta Callao), según la empresa porque la comuna de Lima no le ha entregado aún los terrenos necesarios. Lo concreto, sin embargo, es que esos retrasos implican que el municipio no viene recibiendo ningún pago por concepto de derechos de concesión.
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Como es evidente, esta noticia ha despertado la indignación de la ciudadanía, que ya desde antes sentía que venía pagando peajes muy elevados. Además, no solo está el costo directo que esta nueva alza implicará, sino también el impacto indirecto en otros servicios como el transporte interprovincial, que también aumentarán para compensar sus costos.
Todo este panorama nos invita a una profunda reflexión. Como ha sido siempre la línea editorial de este Diario, es evidente que la importancia de respetar los contratos no debe ponerse en duda, pues de otra forma no es posible fomentar la predictibilidad y solidez institucional del país en el largo plazo. Por ello, no apoyaríamos ningún intento de salida al problema de los peajes que implique desconocer los contratos.
Al mismo tiempo, sin embargo, nos preguntamos: ¿es acaso realmente justo el precio que vienen pagando y seguirán pagando los peruanos en los años que vienen? ¿Se corresponde ello realmente con los servicios que hemos recibido y seguiremos recibiendo? Y si no es así, ¿por qué hemos firmado contratos públicos que han permitido esta situación? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Y la Contraloría? ¿Qué hemos hecho desde entonces para mejorar?
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Como ha recordado AFIN en un reciente comunicado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones acaba de encargar a ProInversión la concesión de 21 corredores viales de 6,396 km para operarlas y mantenerlas. Y hay aún más iniciativas en proceso de negociación, todas las cuales implicarán en principio nuevos peajes.
¿Qué está haciendo el Gobierno para no cometer otra vez los mismos errores y reducir los riesgos de que la mancha de la corrupción tiña nuevamente nuestras carreteras? ¿Habremos aprendido la lección?
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