En septiembre del 2015, la ONU estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), cada uno con metas específicas, y propuso a sus Estados miembros alcanzarlos para el 2030. Entre los países que adoptaron los ODS estuvo el Perú, así que el Gobierno de entonces –de Ollanta Humala– puso manos a la obra. Pero el entusiasmo inicial se fue diluyendo a medida que la inestabilidad política y el enfriamiento económico distraían la atención de asuntos de mediano y largo plazo y la concentraban en el cortísimo plazo. La pandemia dificultó aún más el trabajo, aunque muchos otros países controlaron mejor su impacto.
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Encima, la mediocridad de los recientes gobiernos y congresos ha hecho que en lugar de avances, nuestro país registre retrocesos en los ODS. Si bien la presidenta Dina Boluarte los mencionó en su inacabable discurso por Fiestas Patrias, se limitó a decir que el país reafirmará su compromiso con ellos –página 76 de las 79 que conformaron su perorata–. Pero habrá que esperar hasta septiembre para que el Gobierno comunique esa intención, pues la mandataria leyó que será durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. Quizás ella y varios de sus ministros necesiten ese tiempo para empaparse del tema.
El primer ODS, en torno al cual gira el cumplimiento de los demás, es erradicar la pobreza extrema –en términos monetarios–. En el caso del Perú, el retroceso es alarmante: aumentó de 5% de la población total el 2022 a 5.7% el año pasado, la más alta de los últimos once años y casi el doble de la registrada el 2019 (2.9%). Eso fue resultado directo de la recesión que nuestro país padeció, pues además de provocar un aumento del desempleo, hizo que cientos de miles de personas desocupadas dejasen de buscar trabajo (o decidiesen hacerlo en el extranjero).
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Con tasas de crecimiento anual del PBI de 3%, que más que reflejar una economía en expansión, evidencian un PBI potencial muy bajo, recuperar los niveles previos a la pandemia tomará lustros, si las condiciones para impulsar la inversión privada siguen siendo trabadas por la incertidumbre política, medidas populistas que incrementan el gasto público rígido o leyes que desandan lo andado en términos de reformas estructurales.
Por cierto, la educación de calidad y la seguridad ciudadana también forman parte de los ODS, lo mismo que el acceso a la justicia, la reducción de desigualdades y la acción climática. El 2030 también es fecha de corte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), pero al igual que con los ODS, parece que no será un año de cumplimiento de metas.
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