A fines de la semana pasada el Congreso publicó la ley que modifica la legislación contra el crimen organizado, sobre la cual ya habíamos advertido en esta columna poco después de que se aprobó en el Pleno (ver Editorial del 10/07/2024). Aquella vez dijimos –sin mucha esperanza– que solo quedaba esperar que esta vez sí, “a diferencia de otras ocasiones, el Ejecutivo reaccione firmemente”. Pero ello, como en tantos otros asuntos, finalmente no llegó a ocurrir.
LEA TAMBIÉN: Pagos por resultados: ¿Qué es y cómo podría mejorar la gestión pública?
Es su lugar, el Gobierno volvió a hacer alarde de su debilidad, al no atreverse a observar la norma, ni tampoco a publicarla. Mucho menos, a dar explicaciones serias de su postura. Ello incluso cuando el propio premier había señalado apenas el 4 de agosto que “la seguridad ciudadana demanda acciones concretas contra el crimen organizado y es eso lo que estamos haciendo”.
Con ello, el Ejecutivo que encabezan el premier y la presidenta Boluarte han sido cómplices de lo ocurrido. Es decir, de que de la forma más desvergonzada se haya favorecido al crimen organizado con una norma pensada en sus intereses, antes que en los del país. Esto último ya sería grave por sí mismo en cualquier lugar. Pero lo es mucho más en el Perú, en donde la inseguridad ciudadana es un mal que aqueja a tanta gente y cuya percepción ha venido empeorando en los últimos años.
¿Qué cambios se han hecho? Como habíamos advertido, que ahora la Fiscalía prácticamente deba pedir permiso al investigado para allanarlo (obliga a que los allanamientos se realicen en presencia del investigado y su abogado). Además, se complejiza la definición de crimen organizado, con lo que ahora a menos bandas se les podrá seguir investigando bajo esta figura. Y directamente se reducen de 91 a 59 los delitos vinculados, incluyendo temas como el enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos y tala ilegal.
LEA TAMBIÉN: Mucho floro, poca plata
Así, no solo serán políticos con investigaciones penales –vinculados a los partidos que aprobaron esta norma– quienes se beneficien de la misma. También varios criminales comunes. Todo esto, asimismo, en un contexto en el que es cada vez más evidente la conexión entre los principales catalizadores de nuestra inseguridad ciudadana y las bandas criminales transnacionales.
Como afirmó la Cámara de Comercio de Lima en un comunicado reciente, normas como estas generan graves trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales y desalientan la iniciativa de los emprendedores y empresarios para comenzar sus negocios en suelo peruano.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.