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Ayer, la empresa minera Summa Gold reportó un atentado en su contra ocurrido el 2 de julio en un área colindante a sus operaciones, ubicadas en el distrito de Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión), en la sierra de La Libertad. Según un comunicado emitido por la compañía, el ataque fue perpetrado por mineros ilegales de Coigobamba y delincuentes procedentes de Pataz, que buscaban invadir la concesión minera para expandirse. Usaron armas de largo alcance y cartuchos de dinamita. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos.
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No se puede decir lo mismo de los atentados realizados en los últimos meses contra la minera Poderosa, que han dejado numerosos muertos, también a manos de la minería ilegal. Hace poco más de una semana, la Minera Aurífera Retamas (Marsa) también sufrió un ataque por parte de mineros ilegales, en la que delincuentes armados con explosivos incluso tomaron a trabajadores como rehenes y ocasionaron derrumbes en las galerías de la operación.
La minería formal en la provincia de Pataz está bajo ataque. Sucesivos meses de declaratoria de estado de emergencia han conseguido pocos resultados. La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció que el número de policías no es el óptimo para una zona tan extensa. Anoche, el premier dio a conocer que se ha reunido con representantes de la minera Poderosa y han acordado que se les facilite un área para que las fuerzas del orden puedan entrenar de cara a enfrentamientos no convencionales.
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Y es que, según dijo Adrianzén, los criminales se ocultan en los socavones de las minas y extraen el mineral con la fuerza de las armas para luego venderlo. La capacitación de la policía y un abordaje especializado son pasos correctos en la lucha contra la minería ilegal, pero hay otros aspectos que deberían atenderse urgentemente. ¿Qué ocurre con las otras partes involucradas?
Elena Conterno (ver página 12) llama la atención sobre la poca notoriedad del Oefa como ente de la fiscalización ambiental ante esta amenaza y sobre el protagonismo que debería tener también el Ministerio Público. También afirma, acertadamente, que no debería haber prórroga del Reinfo. Este registro ha sido un fracaso como mecanismo de formalización y ha sido tomado como una suerte de camuflaje por mineros ilegales, que siguen con sus actividades criminales.
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El Gobierno ha mostrado la intención de dejar atrás el Reinfo. Y es lo correcto. Esperamos que se mantenga firme si es que el Congreso toma medidas en el sentido contrario. Pero más importante aún es contar con un nuevo proceso de formalización que, según se ha dicho, ya está en elaboración. Esperemos que la propuesta sea más sólida y, esta vez tenga resultados.
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