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Impericia. Las leyes no bastan para que las cosas se hagan. Esta es una lección que no aprenden las autoridades peruanas que se encargan de legislar: el Congreso, en primer lugar, y el Ejecutivo, cuando presenta proyectos de ley, pero también cuando emite decretos legislativos al amparo de facultades que le otorga el Congreso.
El principal motivo de la inutilidad de muchas leyes es que quienes se encargan de hacerlas cumplir no poseen la capacidad o la experiencia para ejecutarlas, aparte que abunda la desidia.
No se trata únicamente de ministros, viceministros o jefes de agencias gubernamentales, sino también de gobernadores y alcaldes. A eso se suma la frondosa y compleja estructura de trámites.
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Otro factor paralizante es la falta de respaldo político, sobre todo cuando se trata de normas ambiciosas –ya sea porque implican grandes montos de inversión pública o buscan hacer reformas significativas–.
Un ejemplo reciente de estas falencias es la Ley 31589, que con el pomposo objetivo de “garantizar la reactivación de obras públicas paralizadas” fue aprobada por el Congreso y promulgada por Pedro Castillo en octubre pasado.
Según la Contraloría, al primer trimestre de este año, 685 proyectos que están bajo los alcances de la ley seguían paralizados (Gestión 04/05/2023). La mayor parte (522) corresponde a gobiernos locales, seguidos de municipios (84) y el Gobierno nacional (79), aunque por montos, este último tiene mayor participación (S/. 2,871 millones).
Si una norma tan relevante fue promulgada faltando dos meses para el cambio de autoridades subnacionales (gobernadores y alcaldes), muchas de las cuales eran responsables de paralizaciones y no lograron destacar por su eficiencia, era ilógico esperar que “se pusieran las pilas”, sobre todo cuando es costumbre que al final de sus mandatos se concentran en terminar obras pequeñas.
El inconveniente con las nuevas autoridades es peor, pues recién están aprendiendo de administración pública –aunque muchas ya han tenido cargos en gestiones previas–.
Resolver casos difíciles como las obras paralizadas, incluso ahora que cuentan con medidas para agilizarlas, no sería una prioridad para los nuevos alcaldes y gobernadores, que estarían más concentrados en empaparse del día a día (y en afrontar anomalías climáticas).
Del gobierno nacional no se podría esperar una mejora inmediata, considerando el desmantelamiento profesional en muchos ministerios que hubo durante el régimen de Castillo. Y el respaldo político que podría esperarse del gobierno de Dina Boluarte no existe. En suma, una ley utópica.
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