¿Hora de cambios?

Fiscalización. El caso de las congresistas que presuntamente exigen parte del sueldo a sus trabajadores ha causado tal nivel de indignación que el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, ha anunciado la intervención de Sunafil, no solo para ver los casos denunciados sino para permitir que otros trabajadores que pudieran estar en igual situación realicen su queja.

Es importante tener presente que la Sunafil puede realizar sus funciones en las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Sin embargo, queda preguntarse, ¿qué pasaría si los afectados fuesen trabajadores del régimen público?, ¿frente a quien deberían presentar su denuncia?, ¿serían atendidos con la misma rapidez por Servir?

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En más de una ocasión se ha destacado la innegable discriminación que existe entre el sector público y el privado en materia laboral. Mientras a las empresas se les exige el cumplimiento normativo y se les multa por cada inobservancia, las faltas del sector público son soslayadas.

Incluso existen normas que solo son de aplicación para el régimen privado, como la de no discriminación salarial, o como sucede con la tercerización laboral, que es permitida en el Estado a través de los contratos de locación de servicios.

Sería importante que el ministro de Trabajo aborde seriamente la posibilidad de ampliar la labor inspectiva de la Sunafil.

No se trata de que Servir dependa del Ministerio de Trabajo o de que todas sus funciones sean transferidas, pero sí podría plantearse que la labor de fiscalización incluso del sector público recaiga en manos de la Sunafil. Con ello, se podrían equiparar las responsabilidades y el Estado daría el ejemplo cumpliendo las normas laborales que promueve.

La Sunafil está revisando el procedimiento administrativo sancionador, incrementando el número de inspectores e institucionalizando la función directiva de las intendencias regionales. En ese mismo marco podría solicitar un cambio normativo para ampliar sus facultades.

Es verdad que la inspección debería orientarse a sectores informales y persuadir a empresas y trabajadores sobre el cumplimiento laboral, y su reto central debería ser la inclusión en planillas de trabajadores, así como el pago puntual de los beneficios sociales antes que la búsqueda de multas. Pero mantener un doble rasero entre empleadores públicos o privados no parece lógico.

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