En el Perú, el estado de emergencia se ha convertido en un recurso frecuente. Cada 30 o 60 días se aprueban nuevas declaratorias o prórrogas que restringen derechos y autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía. Conviene preguntarse qué resultados concretos ha producido esta estrategia.
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En Lima y Callao se han sucedido medidas frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado. También se recurrió a este mecanismo para enfrentar la violencia vinculada a la minería ilegal. A pesar de ello, los homicidios y las economías ilícitas persisten. La repetición de decretos revela que el instrumento, por sí solo, no modifica las condiciones estructurales que permiten la expansión del delito.
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Varios gobiernos han utilizado esta herramienta. Durante la gestión del removido José Jerí y su Gabinete se aseguró públicamente que la emergencia estaba dando resultados y que debía ampliarse. Sin embargo, no se presentaron indicadores verificables que demostraran una reducción sostenida de los delitos. Las expectativas políticas superaron la evidencia disponible.
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El estado de emergencia amplía facultades operativas, pero no sustituye reformas pendientes y necesarias: fortalecimiento de la investigación criminal, control efectivo del sistema penitenciario, coordinación entre Fiscalía y Poder Judicial, combate a las finanzas ilegales y mejora de la gestión policial. Sin esas medidas, la emergencia funciona como contención temporal.
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En materia de desastres naturales, la figura cumple otra función. Permite acelerar procesos administrativos y disponer de recursos con mayor rapidez. Pero los datos muestran debilidades en prevención. En el 2025 el presupuesto para reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias superó los S/ 3,034 millones, con una ejecución de 83%. Aun así, el gasto cayó por segundo año consecutivo. Más de 100 proyectos tenían presupuesto asignado y 0% de ejecución. De 721 proyectos vinculados a orden público y seguridad, cerca del 20% no había gastado recursos. Existen obras iniciadas en el 2014 que continúan inconclusas.
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Más de 13.5 millones de personas están en riesgo de inundaciones y más de 12 millones frente a movimientos en masa (deslizamientos), según Cenepred. Sin embargo, solo un tercio del presupuesto se destina a infraestructura. Regiones como Piura y Arequipa registran niveles de ejecución inferiores al promedio. Cuando la prevención se posterga, el costo posterior aumenta y la reconstrucción reemplaza a la mitigación.
El Gobierno de José María Balcázar debe concentrarse en atender con eficacia las zonas afectadas por las lluvias y, al mismo tiempo, definir una estrategia de seguridad que no dependa exclusivamente de prórrogas sucesivas. Los constantes cambios de presidentes y gabinetes han impedido sostener políticas continuas incluso en lo más básico: proteger la vida frente al crimen y frente a los desastres. Tal vez la pregunta no sea si debemos ampliar la emergencia, sino por qué, tras tantas ampliaciones, seguimos necesitándola.
