PROYECTOS. La semana pasada, la PCM publicó el Reglamento de la Ley 31841, norma que creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en julio, así que la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro de Economía, Álex Contreras, tienen motivo para comenzar a anunciar ambiciosos y millonarios megaproyectos. Es una vieja costumbre a la que los Gobiernos suelen apelar cuando la economía y/o su popularidad están tambaleando, aunque a diferencia de sus antecesores, el actual tendrá mayores dificultades para generar impacto.
Primero, porque la mayoría de los anuncios previos no se ha materializado –o demora años en concretarse–, lo cual produce incredulidad. Y segundo, porque esos megaproyectos suponen el uso de recursos fiscales, que en épocas de enfriamiento económico son más escasos. Al respecto, un análisis del Consejo Fiscal (CF), advierte de los riesgos de los diversos esquemas de inversión pública destinada a grandes proyectos de infraestructura.
Por ejemplo, observa el aumento de anuncios de proyectos mediante la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), que implica que la totalidad de la inversión corre por cuenta del Estado peruano. Según el CF, el costo fiscal de esta modalidad suma S/ 95,600 millones, equivalentes a 10.2% del PBI, de los cuales falta ejecutar S/ 86,500 millones (9.2% del PBI). Se trata de una carga fiscal que, la agencia sostiene, debe ser planificada adecuadamente, a fin de compatibilizar el cierre de la brecha de infraestructura del país con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso significa que ese gasto debe ser considerado en la planificación presupuestaria anual y multianual –porque luego de completados, habrá que administrarlos–, y es necesario tener en cuenta los límites de gasto de las reglas fiscales.
Además del riesgo de sostenibilidad de las finanzas públicas, el esquema G2G presenta riesgos de financiamiento, diseño, ejecución, operación y mantenimiento de las obras, que en el caso de la asociación público-privada (APP) pueden ser asumidos en gran parte por el privado. Por ello, el CF recomienda fortalecer este esquema, venido a menos ante los casos de corrupción provocados por su desprolijo manejo y también por demoras en muchos proyectos, como la Línea 2 del Metro de Lima.
Con respecto al fideicomiso de titulización y el fondo soberano de inversiones, que el MEF está diseñando, el CF señala que estos esquemas también tienen riesgos inherentes, como la generación de pasivos contingentes. En suma, no basta con hacer grandes anuncios.
