A fines de enero pasado, la ONG Más Igualdad publicó un estudio realizado por Ipsos –que reseñamos en esta columna (Gestión 06/02/2026)–, que revelaba que el 79% de jóvenes entre 18 y 25 años de edad consideraba poco o nada probable apoyar a algún candidato que use discursos de odio o que promueva la discriminación de las personas LGBT+. Aunque los políticos digan que no revisan encuestas, sobre todo en época electoral, parece que estaban al tanto de ese estudio porque durante la campaña electoral no se detectaron insultos ni amenazas contra esa población. A ningún candidato se le ocurrió proferir disparates como describir la transexualidad como “idiosincrasia” (Pedro Castillo, en la campaña del 2021).
Pero tampoco dijeron nada a favor, salvo Jorge Nieto en uno de sus mítines finales. Los candidatos omitieron en sus discursos los derechos LGBT+ y, por supuesto, ninguno se atrevió a declarar abiertamente su apoyo al matrimonio igualitario, ni siquiera a la unión civil. Para la comunidad LGBT+ no hubo promesas, pese a que llevamos lustros rezagados de la gran mayoría de países occidentales, incluidos los de Sudamérica. Argentina fue la primera en legalizar el matrimonio igualitario (el 2010), seguida de Brasil y Uruguay (ambos el 2013), Colombia (2016), Ecuador (2019) y Chile (2022). Bolivia reconoce la unión civil desde el 2023. Solo Perú, Paraguay y Venezuela siguen en el siglo XX.
LEA TAMBIÉN: Colombia opta por el pragmatismo
Además, la opinión pública peruana está mayoritariamente a favor de la legalización de las parejas del mismo sexo: el 29% respalda el matrimonio civil y el 26%, la unión civil. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, el apoyo a la primera opción aumenta a 49%. Es probable que ese porcentaje vaya en aumento, pues en ese grupo etario no solo hay más tolerancia, sino mayor respeto a las orientaciones e identidades sexuales distintas de las convencionales. Los que tienen dificultades para adaptarse son los políticos, unos más que otros.
LEA TAMBIÉN: Gracias a la minería formal
“Un gran obstáculo que enfrenta la población LGBT+ en nuestro país es la falta de activistas y aliados”. (GEC)
Un gran obstáculo que enfrenta la población LGBT+ en nuestro país es la falta de activistas y aliados. Viajar a Buenos Aires o Miami para contraer matrimonio no convierte a nadie en activista –la mayoría LGBT+ peruana no podría darse ese lujo–, y si bien hay empresas que brindan los mismos beneficios a todos sus trabajadores, e incluso ofrecen los mismos productos y servicios a todos sus clientes, mantienen un perfil bajo que no contribuye con aumentar la visibilidad de la población LGBT+. Con activistas y aliados verdaderamente comprometidos, y empresas y políticos que se compren el pleito, el orgullo será visible más allá del día de la marcha.
LEA TAMBIÉN: Editorial de Gestión: Essalud y meritocracia
