Diligencia debida

DEFORESTACIÓN. El pasado 16 de mayo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ratificó la ley aprobada en abril por el Parlamento Europeo (con 552 votos a favor y 44 en contra) que establece medidas para combatir la deforestación global, y aprobó el reglamento respectivo, que fija los criterios para comercializar en su territorio productos de ganado, cacao, café, aceite de palma, soya, madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso. La Comisión Europea clasificará a los países, o partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo, en un plazo de 18 meses. Los bienes procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de diligencia debida.

Esta nueva normativa tendrá fuertes implicancias para las exportaciones peruanas a la UE de productos como café, cacao y palma aceitera (Gestión 01/06/2023). Será un enorme desafío para las empresas locales adecuarse en apenas año y medio, pues tendrán que implementar sistemas de trazabilidad para demostrar que sus cultivos no se encuentran en áreas deforestadas. En ese sentido, las autoridades de la UE recabarán información de geolocalización y ejecutarán controles con el uso de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.

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El proyecto del reglamento fue publicado en noviembre del 2021, de modo que se dispuso de más de un año para elaborar algún plan de adecuación. Pero la proverbial desidia de las autoridades peruanas se amplificó durante el pasado Gobierno. Recordemos que en esos meses, la “política agraria” giraba en torno a anuncios vacíos de una tercera reforma agraria y a abortados intentos por importar urea. El nuevo Gobierno, por fin, está dando señales de reacción y ya se ha realizado una primera reunión entre representantes de las empresas y del sector público, bajo el liderazgo del Midagri.

También será de utilidad la participación del Mincetur –para orientar a las empresas y diseñar una estrategia de promoción de café, cacao y otros bienes afectados por la norma de la UE–, así como del Ministerio del Ambiente, Cancillería, MEF y entidades encargadas de formalizar la propiedad de tierras agrícolas y financiar la inversión en sistemas de trazabilidad. Si todos suman y tienen en cuenta que el tiempo apremia, será factible adecuarse. Sin embargo, lo complicado será demostrar que el Perú es un país de bajo riesgo, ya que para ello la UE considerará criterios como lucha contra la deforestación y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.