El miércoles, en su discurso para solicitar el voto de confianza del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró la intención del Gobierno de optar por la austeridad, entendida como la reducción de gastos no esenciales. Hay que recordar que el sector público pasó un 2023 de plácemes: creció cerca de 3%, mientras la economía nacional padecía una recesión que se tradujo en una caída del PBI de 0.55%. “¡No al dispendio!”, recalcó Adrianzén.
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Suponemos que esta proclama incluye a la presidenta Dina Boluarte y su gusto por lucir adornos lujosos y exclusivos, de cuyo origen aún no hay datos concretos –los últimos destapes periodísticos apuntan a la dadivosidad del gobernador de uno de los departamentos más pobres del Perú–. Sin embargo, existen otros gastos que por su naturaleza no pueden ser recortados discrecionalmente, por más austeridad que el Gobierno desee aplicar. Se trata de los “gastos rígidos”.
Un informe del BCR, basado en estudios para América Latina, incluye en esa categoría las remuneraciones de los servidores públicos y las pensiones de jubilación que el Estado tiene a su cargo, además del servicio de la deuda pública, gastos de mantenimiento y de servicios básicos, y la ejecución de obras con presupuestos comprometidos multianuales. Estos gastos aumentan debido a factores demográficos como el envejecimiento de la población (pues habrá más pensionistas) y la mejora de la productividad del personal estatal, pues implicaría mayores remuneraciones.
Entre el 2017 y el 2023, los gastos rígidos del Perú aumentaron en más de cinco puntos porcentuales del presupuesto del Gobierno general (gobiernos nacional, regionales y locales): pasaron de 44.3% a 49.8% del total. En su mayor parte, ese salto fue por incrementos salariales dispuestos por el Congreso, actual y anteriores, en favor de un considerable número de servidores públicos, pero que no tomaron en cuenta criterios meritocráticos o de productividad. El 2022 fue el más “generoso”, pues los gastos rígidos del país pasaron a superar al promedio de la Alianza del Pacífico.
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Por último, cabe subrayar que un objetivo central de la creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP), en la década del 90, fue reducir la carga previsional del Estado. Y en contraste con los mayores gastos rígidos totales, el porcentaje de los correspondientes a pensiones estatales se redujo de 9% a 7% en el periodo 2017-2023. Esto a pesar de la incesante demonización a la que ha estado sometido el SPP, sobre todo de parte del propio sector público.
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