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La semana pasada, la Comisión de Justicia que preside el perulibrista Américo Gonza aprobó un dictamen que plantea ampliar las sanciones contra jueces y fiscales por casos en que se determine que una prisión preliminar o preventiva que estos hayan solicitado o concedido califique como “detención arbitraria”. La norma también plantea ampliar las causales del delito de prevaricato y que si algún juez comete un error que dé lugar a una detención arbitraria, sea también responsable de la indemnización.
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Más allá del fondo, llama la atención la rapidez con la que el proyecto se aprobó: apenas tres congresistas participaron del breve debate. Preocupa también que la iniciativa no cuente con respaldo técnico, más aún luego de que varios especialistas hayan salido a criticar la medida.
Si bien en los últimos años hubo más de un caso en que fiscales y jueces han hecho un uso indebido o exagerado de los pedidos de prisión preliminar o preventiva, esta medida podría llevarnos al extremo opuesto. Es decir, a que jueces y fiscales ahora teman utilizar esta herramienta, aun en los tantos casos en que sí es necesaria para evitar la fuga de criminales.
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Sobre los cambios al delito de prevaricato, que básicamente pretenden extender su aplicación, se ha advertido que, por plantearse sin cuidado, incluso podría estarse complicando el camino a los denunciantes.
Es evidente que reformar nuestro sistema de justicia es un asunto urgente, pero también muy delicado. Regulaciones mal pensadas podrían agravar el problema. Y ese justamente suele ser el caso de propuestas como esta, más emocionales que técnicas, y que probablemente se explican más por la frustración de algunos congresistas de verse ellos mismos o a sus líderes políticos afrontando investigaciones penales, que por ganas genuinas de solucionar el problema.
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Este escepticismo sobre las motivaciones reales de los congresistas aumenta si consideramos decisiones como la más reciente del Poder Judicial, que ordenó la reposición de dos magistrados de la JNJ originalmente destituidos por el Congreso, tras concluir que este último no sustentó debidamente esa decisión. ¿No será que el Congreso sigue entrampado en enfrentamientos de corto plazo en lugar de pensar seriamente en una reforma?
No es aceptable que se tome tan a la ligera la necesidad de plantear propuestas serias en esta materia. Como mínimo, debería ya estarse trabajando una propuesta de reforma integral no solo entre congresistas, sino junto con representantes todas las entidades del sistema de justicia.
Sin duda, la politización de la justicia ha sido uno de los problemas que más claramente ha coadyuvado a llevarnos a la situación de crisis política y de confianza en la que vivimos hoy. Pero lejos de hacer algo por empezar a cambiar el rumbo, este proyecto de Perú Libre solo ahonda más en el problema. Ojalá una mayoría lo comprenda.
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