El BCR estima que el costo de la inseguridad ciudadana en el Perú es de alrededor de 2.2% del PBI –con las cifras del año pasado, equivalió a US$ 5,808 millones–. El cálculo está basado en la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y divide ese gasto en un componente privado (1.5% del PBI) y uno incurrido por el Gobierno (0.7% del PBI). En el primero, se toman en cuenta los gastos de empresas y hogares en prevención, como la contratación de servicios de seguridad. El segundo componente abarca el gasto público en el sistema judicial, servicios policiales y administración de prisiones.
"Mientras tanto, el Gobierno parece creer que con sus estados de emergencia detendrá las extorsiones y el sicariato (el 2023 y este año ya declaró varias)".