Editorial de Gestión: La (des)aprobación de la Ley Universitaria

DIRECCIÓN EQUIVOCADA. Ya todos sabemos que la situación de la educación superior en el Perú no es la mejor y que existe la necesidad de mejorar el nivel de su calidad. Sin embargo, las cosas podrían empeorar todavía más desde que el jueves por la tarde, el pleno del Congreso aprobó la nueva Ley Universitaria al caballazo. Acá algunas razones que exponen nuestras preocupaciones.

Primero, la experiencia demuestra que el Gobierno peruano no representa ninguna garantía de calidad. La recientemente aprobada Ley Universitaria establece la creación de una entidad reguladora, adscrita al Ministerio de Educación, encargada, entre otras cosas, de supervisar la calidad de las universidades y fiscalizar el uso de sus recursos. Lo que no queda claro es desde cuándo es que el Gobierno peruano se ha convertido en un estándar de calidad en lo que a educación respecta. Hasta ahora, la evidencia que tenemos –que es bastante fidedigna- no da ninguna fe de ello. Si bien existen algunas universidades públicas de respetable nivel académico en el Perú, existen muchas más en el lado opuesto del espectro (ni hablar de la educación pública escolar). A fin de cuentas, este fue uno de los factores que contribuyó a la proliferación de universidades privadas de bajo nivel.

En segundo lugar, así como la superintendencia no es ninguna garantía de calidad, tampoco tiene una fórmula mágica para descifrar las necesidades del mercado laboral que, por naturaleza, son cambiantes. Por el contrario, el aumento de la burocracia para abrir universidades, facultades y hasta carreras –todas tendrán que contar con la autorización de este ente en adelante- no hará más que demorar y desincentivar la adaptación de las instituciones superiores a lo que esperan obtener los centros de trabajo. Claramente, como el Gobierno sí ha visto con claridad a la hora de impulsar el paquete de medidas para impulsar la economía, estos trámites ahuyentarán a la inversión privada y, por ende, a la competencia.

Finalmente, una superintendencia adscrita al Ejecutivo con el poder para cerrar una universidad le otorga al Gobierno de turno una herramienta que puede ser usada con fines políticos o controladores. No olvidemos que, históricamente, las universidades son caldos de cultivo de intelectuales cargados ideológicamente y, en muchos casos, focos de oposición.