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La principal amenaza que se cierne sobre la economía peruana es la ocurrencia de un fenómeno de El Niño de gran magnitud. Según la Corporación Andina de Fomento, durante el periodo 1970-2016, el Perú se vio afectado por 105 desastres naturales, siendo el 70% provocado por sequías, inundaciones, deslizamientos y heladas y el 30% por sismos.
Estos desastres causaron más de 74 mil muertes y afectaron a 18 millones de peruanos. En lo que llevamos de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas calcula que el costo económico del shock climatológico actual supera los S/ 4,200 millones y las pérdidas pueden ser significativamente mayores.
Debido a factores internos como la alta variabilidad climática, la compleja geomorfología o la intensidad de la actividad geodinámica, nuestro país es particularmente vulnerable ante fenómenos naturales y los efectos negativos del cambio climático.
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Si bien no hay consenso científico sobre el impacto de este último en el ciclo de El Niño, es probable que su frecuencia e intensidad se incrementen como consecuencia del calentamiento global.
En lo que respecta al costo económico ocasionado por el cambio climático, según un estudio publicado por Burke, Hsiang y Miguel en 2015, en un escenario sin políticas efectivas de mitigación o adaptación, se estima un impacto negativo potencial de entre 1% y 4% del PBI al año 2030; de entre 3% y 20% para el año 2050; y de alrededor de 50% del PBI para el año 2100.
Esto quiere decir que, de no adoptar medidas efectivas contra el cambio climático, la economía peruana registraría una inmensa pérdida de riqueza para las próximas generaciones. Lamentablemente, los avances en materia de mitigación y adaptación al cambio climático implementados por los sucesivos Gobiernos han sido insuficientes, según el Climate Action Tracker.
En el marco del Acuerdo de París de 2015, el Perú se comprometió a reducir en un 30% sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2030. Para cumplir esta meta, estableció 63 contribuciones determinadas a nivel nacional.
El 63.8% del potencial total de reducción de emisiones se concentra en la categoría de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, seguida en importancia por energía (23.8%) y agricultura (9.1%). Dentro de las emisiones imputadas al sector energía, 5% responde al sector eléctrico y 10% al sector transporte.
Sin duda, la transición energética debe jugar un papel central en la mitigación de los impactos de los desastres naturales. Los metales que producimos, especialmente el cobre, tendrán una enorme demanda por la transformación global hacia una mayor electromovilidad.
Disminuir la dependencia de combustibles fósiles y promover energías más limpias reducirá las emisiones de GEI y, con ello, la frecuencia y el impacto de los desastres naturales. Sin embargo, esta transición debe darse de manera equilibrada entre los objetivos de competitividad, sostenibilidad, confiabilidad y seguridad en el suministro de energía.
Es necesario que el proceso de transición energética sea elaborado tomando en cuenta la disponibilidad de recursos naturales que tiene el país, sus condiciones en cuanto al medio ambiente y, sobre todo, la potencial afectación sobre los ingresos fiscales, ámbito que raramente es analizado.
En los últimos años, el marco normativo ha avanzado con miras a una transición energética a largo plazo. Es el caso de la Política Nacional Energética 2010-2040, que estableció que la composición de la matriz energética: 40% hidroeléctrica, 40% termoeléctrica y 20% recursos energéticos renovables (RER). Además, el marco normativo ha ido avanzado hacia establecer una incorporación más acelerada de las energías renovables.
A la fecha, el desarrollo “privado” de los proyectos renovables ha implicado un subsidio de US$ 1600 millones por parte de los usuarios eléctricos.
Esta promoción resultó en una regulación precipitada que no aprovechó la reducción en los costos de las nuevas tecnologías e incrementó la oferta cuando la demanda no lo exigía.
En Videnza hemos realizado un análisis económico de la transición energética tomando en cuenta la proyección de la demanda de energía eléctrica y su atención con las tecnologías disponibles. Considerando un escenario base sin tratamientos regulatorios especiales, la transición energética permitiría una evolución paulatina de los RER hasta llegar a ser 12% la matriz eléctrica en 2031.
Alternativamente, si se implementa la política de bloques horarios —que permitiría que las centrales renovables puedan ofertar energía mediante contratos solo durante algunas horas del día—, la participación de los RER llegaría a 30%.
No obstante, a partir del año 2027 se produciría un desplazamiento en el consumo del gas natural para la generación eléctrica. Esto afectaría la producción de líquidos de gas natural y la producción de GLP para el mercado local, y tendría un impacto negativo sobre los ingresos fiscales equivalente al 25% de las regalías recaudadas entre 2023 y 2031 respecto a un escenario sin cambios regulatorios.
Lo clave es lograr una transición energética equilibrada en el mediano plazo. La transición energética en el sector eléctrico tiene que ser consistente con un marco más general de política energética. El marco para cualquier reforma regulatoria debe ser el plan energético nacional, del cual la transición energética es solo una parte.
Más importante aún es retomar con sentido de urgencia las acciones de mitigación y adaptación en otros ámbitos, que son mayores fuentes de emisiones (especialmente el manejo del uso de tierras) y procurar mayor coherencia en las políticas públicas que se emprendan.
La agenda pública frente a nuestra elevada vulnerabilidad a los desastres naturales, exacerbada por el cambio climático, no puede ser reactiva ni permisiva.
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