Director periodístico
Pasa factura la irresponsabilidad política: crea pobreza, año a año. Lo hace cuando, por ejemplo, solo el 5% del canon, el sobrecanon y las regalías de las zonas mineras es destinado a asuntos ambientales —pese a que la mayoría de los conflictos sociales se sostiene en preocupaciones a su alrededor—, sin aludir a la baja ejecución o el mal destino que tiene el dinero. Lo hace cuando Puno y Loreto, las dos regiones que concentran el 19% de los conflictos sociales —es decir, prácticamente dos de cada diez—, tienen la peor gestión pública, con una salud olvidada pese a la pandemia, según el Consejo Privado de Competitividad.
Lo hace cuando un Congreso solo sigue en busca de un retiro más de las AFP y posterga una reforma previsional que le ponga fin a la crisis eterna del sistema. La proyección de Macroconsult sobre la pobreza no es sorpresiva, pero no por ello poco reveladora. Ya hace dos meses, cuando el INEI publicó la data del 2022 y reveló el aumento de la pobreza monetaria en el país, con más de 628 mil peruanos en esta situación que el año anterior, los factores eran claros: el bajo crecimiento económico —largamente por debajo de su potencial— y la inflación, que lleva a caer a los que no son pobres, pero sí vulnerables, y ante cualquier desgracia del entorno pierden su condición. Entonces, la esperanza era que el PBI crezca más de 2%, pero hoy el consenso es otro.
Macroconsult proyecta 1.7% y, sobre esa base —y la de una inflación de 6.7% este año—, plantea un escenario de más pobreza para el 2023 y uno ‘optimista’, con los mismos niveles. El BBVA, por su parte, ya bajó su estimado de crecimiento para el país de 1.9% a 1.6%. Y es previsible que lo vuelva a actualizar a la baja antes de fin de año. Hay factores externos, como las tasas de interés todavía altas, y climatológicos, como El Niño Costero —que viene trayendo abajo la pesca—, pero también riesgos latentes: los conflictos sociales de la primera parte del año, que —acallados, pero no resueltos— podrían resurgir, porque no hay soluciones a las demandas sociales, más allá del aprovechamiento de la miseria de los líderes de la política populista y mediocre que tenemos.
No es difícil entenderlo. No hay inversión privada sin estabilidad política y regulatoria, ni amenazas constantes a la empresa y a los negocios. Tampoco mayor crecimiento económico ni empleo de calidad así. Pero la Comisión de Trabajo del Congreso no descansa y busca extender el pago de horas extras a los trabajadores no fiscalizados —lo que, además de elevar los costos laborales, dificultará el trabajo remoto— y quiere hacer más engorrosos aún los despidos de los trabajadores con bajo desempeño.
El Ejecutivo observa una ley, ya observada por tres ministerios antes de su aprobación en el Congreso, que limita la lucha contra la minería ilegal: los intereses oscuros siguen vivos. Y así: sobran ejemplos de irresponsabilidad política que cada semana siembran pobreza. El resultado, naturalmente, es un país cada vez más pobre, en una triste correlación que hemos decidido probar.
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