Escribe: Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de REDES
Si el Perú fuera un restaurante, el comedor que da la cara al público luciría razonablemente ordenado. Sin embargo -a la interna-, la cocina operaría en medio de un caos que dificulta sostener esa buena cara que da el comedor hacia afuera.
Durante años, hemos logrado mantener nuestros indicadores de responsabilidad fiscal en niveles destacados por el mundo. Esto tiene que ver con el equilibrio que hemos logrado -mal que bien- entre los ingresos y gastos del Estado, pero en los detalles está el diablo: detrás de ese equilibrio hay retos grandes en ambos frentes. Ahora que hasta el equilibrio se tambalea y vienen las promesas electorales, pongamos sobre la mesa lo que está en juego.
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Sobre los ingresos, un reporte reciente del Banco Mundial indica que recaudamos muy poco para el tamaño de nuestra economía. Aunque la informalidad es la culpable más obvia, el reporte muestra otras causas menos evidentes o debatidas en el día a día. Una importante es el alto umbral (para nuestra realidad) a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar impuesto a la renta: el doble del salario mínimo y casi el doble del salario urbano promedio. Una buena parte de los trabajadores no paga impuestos no solo por la informalidad, sino porque no tienen obligación legal de hacerlo. La agenda por mejorar la productividad laboral es impostergable. A esto se suman las exoneraciones tributarias y la convivencia de múltiples regímenes tributarios que empujan a las empresas a mantenerse pequeñas.
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Por el lado del gasto, los retos parecen ir por todos lados. El Banco Mundial muestra varios retos del presupuesto público, entre ellos que casi la mitad del gasto que hacemos no estaba en el presupuesto originalmente aprobado. En inversión pública el caso es extremo: más de 8 de cada 10 proyectos nuevos entran al presupuesto a lo largo del año, sin la planificación adecuada previa. Así, es muy complicado pretender una planificación seria del gasto en todos los niveles y sectores. No sorprende entonces -aunque sí duele- que el número de obras paralizadas entre 2012 y 2023 se haya duplicado cada tres años aproximadamente.
El costo de un Estado que no llega o que llega mal lo pagamos todos, pero sobre todo aquellos cuya única opción es acudir a los servicios públicos. Foto: El Comercio.
La limitada capacidad del Estado es un problema transversal y conocido. La alta rotación de autoridades y funcionarios en los últimos años ha erosionado la memoria institucional y dificultado la implementación sostenida de políticas. A ello se suma un déficit de capacidades técnicas, especialmente en gobiernos regionales y locales, junto con un proceso de descentralización que transfirió responsabilidades sin asegurar capacidad para hacerles frente, desde lo subnacional y lo nacional. La corrupción, junto con sistemas de control que incentivan la parálisis en lugar de la toma oportuna de decisiones, completa el cuadro. El resultado son círculos viciosos de desconfianza, bajo cumplimiento y servicios públicos deficientes.
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Una reflexión trascendental cuando hablamos de la calidad del gasto público es que el costo de un Estado que no llega o que llega mal lo pagamos todos, pero sobre todo aquellos cuya única opción es acudir a los servicios públicos. Para quienes - aún con todo el esfuerzo del mundo- no es posible parchar por la vía privada, toca simplemente coexistir con lo que buena o malamente pueda darle el Estado. Por eso resulta tan necesario obsesionarnos por generar el mayor valor posible por cada sol gastado. Suena denso, pero cambia vidas.
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Los retos en la acción del Estado son tantos, que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que en el Perú no pueden lograrse cambios, que el Estado lo hace “todo” mal. Sin embargo, basta una mirada a la historia relativamente reciente para saber que esto no es exacto. Más allá de las reformas macroeconómicas, el Perú ha tenido avances importantes en la cobertura de servicios básicos, reducción de la pobreza y la desnutrición, reformas educativas, entre otros. Y aunque muchos de los cambios que se empezaron o se intentaron llevar a cabo se han quedado notablemente cortos, los últimos años nos muestran lo frágiles que pueden llegar a ser los avances - ¡incluso la estabilidad macroeconómica! - cuando descuidamos la política.
Estamos próximos a ser testigos de la lluvia de promesas millonarias. Esto me lleva a proponer cuatro preguntas mínimas a quienes aspiran gobernar. ¿Quién gana y quién pierde con su propuesta? De lo segundo, siempre se olvidan. ¿Cuánto cuesta su propuesta? Y nada de que “no genera gastos al erario”. ¿De dónde va a salir esa plata? No vaya a ser que quiera financiar gastos permanentes con ingresos extraordinarios del momento. Finalmente, ¿qué otras acciones del Estado van a tener menor prioridad para llevar a cabo su programa? Porque, aunque no suene tan amable, en nuestro restaurante no hay lonche gratis. Y tenemos historia de sobra para demostrarlo.
