Escribe: Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú.
La minería crea oportunidades de desarrollo descentralizado y genera recursos para el Gobierno, central, los regionales y los municipales. El canon y las regalías mineras han sido claves para los presupuestos de inversión pública. Estos recursos deberían ser invertidos en escuelas, hospitales, agua y saneamiento. En el 2023, la minería financió 1 de cada 2 soles del presupuesto de inversión pública de los municipios.
Los recursos que reciben tanto gobiernos regionales como locales en las zonas mineras han sido crecientes. Pudieron ser mayores, incluso, si en algunas regiones como Cajamarca las campañas contra la minería formal no hubiesen avanzado.
En dicha región, entre el 2008 y 2023, se transfirieron S/5,148 millones por canon y regalías mineras. En Puno fueron S/3,499 millones. En Arequipa, en ese periodo, se pagaron S/11,573 millones. En dicho departamento, mientras que, en el 2008, el canon y regalías mineras sumaron S/490 millones, en el 2023 alcanzaron los S/1,065 millones.
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Y son los alcaldes los que más recursos reciben de la minería. Solo en el 2023, las transferencias por canon y regalías mineras a municipios y gobiernos regionales sumaron S/5,346 millones y S/1,563 millones, respectivamente.
Sin embargo, los movimientos antimineros, sumados a la burocracia y la tramitología, petardean la inversión minera. Se ahuyenta la inversión privada y con ello hay menos recursos para invertir en obras y el cierre de brechas sociales en áreas como salud, educación e infraestructura. Los movimientos antimineros condenan a la pobreza y el hambre a la población. Y siempre buscan culpar a otros.
Sin minería, las municipalidades verían reducidos abruptamente sus recursos, sobre todo para el cierre de brechas en salud y educación. En el 2023, el canon y regalías mineras financiaron el 28% del presupuesto de salud y el 45% del de educación de los municipios.
Los que se oponen a la minería no pierden, les pagan para hacer política. Los afectados son comunidades que se quedarían sin dinero, la población que es engañada y cada día más pobre.
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Pero no solo eso, en los departamentos de Cajamarca, Pasco y Puno, donde hoy se reactivan los movimientos antimineros, los alcaldes y gobernadores han sido de los peores ejecutores de sus presupuestos.
Solo en el 2023, la ejecución del canon de los departamentos de Cajamarca, Pasco y Puno fue del 56%, 69% y 69%, respectivamente. Dejan dinero sin gastar, millones sin invertir, a pesar de las necesidades urgentes de la población.
¿Acaso también la minería es culpable de ello? ¿O lo es su incapacidad para diseñar proyectos e invertir este dinero en obras para sus pueblos?
Ya es hora de desenmascarar a aquellos que, escudados en ONG, asociaciones civiles y demás, se oponen a la minería. Acusan a la actividad minera, pero son ellos los que condenan al pueblo a la pobreza, los que generan hambre y miseria. ¡Basta de dejar espacios a ideologías fracasadas! ¡Impulsemos la minería y el desarrollo del Perú!
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