Escribe: Leonie Roca, presidenta de AFIN.
Primero tengo que aclarar que AFIN es un gremio empresarial que promueve las asociaciones público-privadas (APP), pero tiene un propósito más grande: que es que los peruanos tengamos servicios públicos de calidad. En esa línea, que se haga un buen uso de los distintos mecanismos que existen para procurarnos de estos servicios, es más importante que la promoción de uno de estos sistemas, que es el de las APP.
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Dicho esto, sí es fundamental aclarar varias cosas. Primero, que el fin último es la provisión de servicios, no la sola construcción de infraestructuras. Segundo, que debemos asegurar que estos servicios sean sostenibles en el tiempo, es decir, que la operación y mantenimiento deber estar garantizada. Tercero, que los estándares con los que se presta el servicio son un factor fundamental en la fórmula. Cuarto, debemos pensar que cualquier planificación de qué hacer y mediante qué mecanismo hacerlo, tiene un marco fiscal que debe ser cuidado rigurosamente.
En esa línea, sí preocupan los anuncios infinitos de convenios de Gobierno a Gobierno, más allá de que aparecen sin ninguna planificación atrás y, la verdad, con poca transparencia. Estos convenios tienen como fin construir infraestructuras y no atienden la relevancia de la operación y el mantenimiento, como tampoco garantizan la calidad del servicio. Utilizarlos en situaciones extraordinarias es una cosa, que se conviertan en la solución estructural de nuestros problemas de excesivos trámites, corrupción, calidad de las inversiones, entre otros, es otra cosa.
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El mecanismo ideal para garantizar este “combo” de infraestructura, más servicio con estándares supervisables, más operación y mantenimiento, son las asociaciones público privadas y las obras por impuestos que incluyan operación y mantenimiento.
Para ello debemos continuar impulsando la lista de proyectos que tiene ProInversión, nutriéndola de iniciativas en sectores como edificios gubernamentales, vivienda social, agua y saneamiento, transporte vial y ferroviario, distribución eléctrica, educación, salud, entre otros. No es lo que estamos haciendo, sino yendo en sentido contrario, impulsando obra pública ejecutada por terceros gobiernos sin ninguna garantía de qué sucede al día siguiente de la inauguración de la infraestructura. Además, ya estos acuerdos empiezan a encontrarse con los mismos problemas de debilidad institucional y falta de resolución de problemas que tienen las APP.
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Más allá del costo que tienen los G2G, el gigantesco problema fiscal que van a generar viene siendo alertado por el Consejo Fiscal, sin que se les haga mucho caso. Sorprende que pudiendo recurrir a financiamiento privado, sin afectar las cuentas fiscales que ya bastante golpeadas están por los experimentos en Petroperú, se opte por seguir comprometiendo recursos corrientes.
La tentación por hacer anuncios grandilocuentes puede terminar sumiéndonos en una vorágine de inversiones que no terminarán en servicios públicos efectivos y en una crisis fiscal sin precedentes. Es fundamental levantar la voz.
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