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Durante tres años, parecía que la población de Chile, una de las economías más exitosas de América Latina, se estaba inclinando a la izquierda. En octubre del 2019, extensas protestas contra la inequidad sacudieron la imagen del país como remanso de estabilidad. Un año después, los chilenos votaron para que una convención reescriba la Constitución, que databa de 1980, bajo la dictadura militar, pero que ha sido enmendada casi 60 veces.
En diciembre pasado eligieron presidente a Gabriel Boric, izquierdista de 36 años, que lidera una coalición con el Partido Comunista. Pero parece que ya tuvieron suficiente. El 4 de setiembre, en un referendo, el 62% de votantes rechazó la nueva Constitución. Ninguna encuesta predijo la diferencia de 24 puntos porcentuales que obtuvo el rechazo.
La envergadura de la derrota es un golpe para Boric, quien respaldó el proceso de redacción del documento. Gran parte de la culpa recae en la propia convención. La elección de sus 155 miembros fue en mayo del 2021. Muchos votantes mayores se abstuvieron por la pandemia; la participación fue de apenas 43% y más de dos tercios de los elegidos incluían novatos y activistas de extrema izquierda.
Rápidamente, provocaron el distanciamiento del votante chileno promedio, centrista. Un miembro alardeó que la izquierda iba a “hacer los grandes acuerdos y todos los demás tendrán que unirse”.
El documento puesto a votación era polémico. Con 388 artículos, habría sido una de las constituciones más extensas del mundo. Consagraba más de 100 derechos, más que cualquier otra carta magna. Los chilenos habrían tenido derechos que iban desde los curiosos —comida “culturalmente apropiada” o “desconexión digital”— hasta los desastrosos, como el derecho irrestricto de los sindicatos de irse a la huelga. También habría debilitado los derechos de propiedad y el Senado, y creado territorios autónomos para la población indígena.
Ahora que el texto ha sido enterrado, las preguntas se vuelcan hacia el futuro de la coalición gobernante. El porcentaje que desaprueba a Boric ha aumentado de 20% en marzo, cuando fue investido, a 56% en el presente. Aunque su Gobierno intentó distanciarse del trabajo de la convención antes del plebiscito, ambas seguían siendo vistas como estrechamente vinculadas.
La aprobación de Boric declinaba en línea con una rápida caída en el respaldo a la convención. El 6 de setiembre, el Gobierno anunció un reajuste en el Gabinete y salieron varios de los rostros jóvenes que eran cercanos al mandatario. Fueron reemplazados por veteranos de partidos de centroizquierda que han gobernado Chile durante gran parte de las últimas tres décadas.
Pese a ello, el Gobierno continuará frágil. La administración de Boric aplazó grandes reformas a los sistemas de pensiones y de salud a la espera de ver qué permitiría la nueva Constitución. Según las encuestas, la mayoría de chilenos sigue deseando una nueva carta magna y quiere que otra convención redacte un segundo borrador. Mientras los detalles de esa convención son resueltos en el Congreso, Boric enfrentará dificultades para poner en marcha su agenda.
Es probable que sea atenuado un proyecto de ley sobre tributación, que está siendo debatido por el Legislativo y cuyo objetivo es incrementar los ingresos tributarios en 4 puntos porcentuales del PBI para el 2016 y elevar las regalías mineras. Otro proyecto de ley, sobre salud, que el Ejecutivo esperaba presentar al Congreso en octubre, probablemente será pospuesto.
Además, el Gobierno tendrá que reorientar su atención. Los chilenos están preocupados por la delincuencia y la inflación, y no por pensiones y cuidado de la salud, como lo estuvieron cuando las protestas estallaron el 2019. Un cambio de estrategia podría provocar descontento entre izquierdistas que respaldan a la coalición, incluidos los propios correligionarios de Boric.
El día que el cambio en el Gabinete fue anunciado, escolares protestaron en Santiago contra la derrota de la Constitución. Si se aprueba una nueva convención, probablemente será más moderada, y los partidos de oposición tratarán de dificultar que candidateen independientes y que el proceso dure seis meses y no otro año.
“Fue el impulso de la convención por refundar el país que generó el fracaso del proceso, y necesitamos evitar eso”, señala Javier Macaya, líder de uno de los mayores partidos de derecha de Chile. En tanto, la economía seguirá deteriorándose. En medio de un difícil contexto global, la disminución del precio del cobre y el retiro del estímulo aplicado ante la pandemia, el banco BCI predice que este año comenzará una recesión y que el PBI caerá 1.2% el 2023.
Los mercados subieron luego del rechazo. Pero Jay Truesdale, de la consultora de riesgo político Veracity Worldwide, piensa que la incertidumbre ante una nueva Constitución hará que los inversionistas adopten un enfoque de “esperar a ver qué pasa”. Esto es un mal presagio para Boric, quien necesitará que sus nuevos compañeros centristas le ayuden a salir del bache.
