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El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, acusó el viernes al presidente Gustavo Petro de irrespetar la independencia del poder judicial asumiendo funciones de autócrata y dictador, después de que el mandatario aseguró que era su jefe.
Se trata del más reciente enfrentamiento entre Petro y Barbosa, quien ha criticado la intención del actual Gobierno de buscar el sometimiento a la justicia de bandas criminales acusadas de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos y ha calificado esa iniciativa como un proyecto de indulto y de lavado de activos.
La polémica se encendió cuando Petro dijo desde España a periodistas que “yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.
La Constitución Política de Colombia establece que el presidente es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, aunque aclara que existe independencia y autonomía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
“Creo que el presidente se equivoca gravemente porque pone en aprietos, dificulta el respeto de la autonomía y la independencia de la rama judicial en Colombia, del Estado de derecho”, dijo Barbosa en declaraciones a periodistas.
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“Y se cambia de traje, se cambia de traje de demócrata y se empieza a poner un traje de dictador, un traje además de autócrata”, agregó el fiscal general, quien retó a Petro a que lo destituya si es cierto que es su subalterno.
El Fiscal General de Colombia es elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente. Barbosa fue elegido durante el Gobierno del expresidente Iván Duque y su periodo termina en febrero del 2024.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia se declaró inquieta por la errada interpretación de la Constitución por parte de Petro al desconocer la autonomía e independencia judicial.
“El Fiscal General de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico”, dijo en una declaración el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
Fuente: Reuters
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