Líderes políticos en Paraguay exigieron este lunes que se investigue un allanamiento en el que murió un diputado oficialista en su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), en un presunto intercambio de disparos con los agentes que intervinieron en el procedimiento.
La operación, ordenada por un juez penal en la madrugada de este lunes como parte de una investigación por presunto lavado de activos, terminó con la muerte del diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, del gobernante Partido Colorado.
Consultado por los periodistas, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, consideró que se debe conocer “con qué solvencia actuaron las instituciones, si estaban amparadas por la Constitución y las leyes”.
En todo caso, consideró que el hecho “va a tener su repercusión”, ya que involucró a un legislador activo.
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Núñez anticipó que evalúan convocar a una “sesión reservada” en la que participen los “diferentes actores para saber de fuentes oficiales lo sucedido”.
Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, consideró “imposible no reconocer la gravedad del hecho”.
“Nosotros exigimos, demandamos, una investigación clara, profunda y transparente de lo acontecido y de los responsables”, declaró Latorre a periodistas.
Latorre dijo ser consciente de que los parlamentarios deben ser sometidos a investigaciones “en caso de existir hechos o dudas con respecto” a su conducta, pero también defendió el respeto de la Constitución.
La Cámara de Diputados declaró tres días de duelo e izar a media asta la bandera paraguaya en el Palacio Legislativo.
Al pronunciarse sobre lo ocurrido, el diputado oficialista Derlis Rodríguez consideró que lo sucedido “le tiene que costar el cargo” al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, al ministro del Interior, Enrique Riera, y al fiscal general, Emiliano Rolón. En ese sentido, pidió impulsar un juicio político contra el jefe del Ministerio Público.
“Acá se tienen que determinar las responsabilidades”, reclamó el diputado Mauricio Espínola, también del coloradismo, y solicitó establecer “si existió un dolo” o una negligencia.
Consultado por la radio ABC Cardinal, Riera declaró que comunicó lo ocurrido al presidente del país, Santiago Peña, quien se encuentra de visita en Costa Rica, y dijo que le ratificó su confianza y al comandante de la Policía.
El titular del Interior puntualizó que “no existe” la posibilidad de que renuncie al cargo y se declaró seguro de que “la Policía hizo lo que tenía que hacer”.
“Hay una orden judicial. Algunos decían: ‘hay que esperar a que amanezca, rodear la casa’, y yo creo que nadie está por encima de la ley, ¿verdad? No hay privilegios para nadie”, puntualizó.
Riera alegó que si se oponía a la orden judicial incurría en desacato y si prorrogaba su ejecución estaría obstruyendo la justicia.
Detalló, citando la versión oficial, que la orden de allanamiento estableció la participación de agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible antinarcóticos (SIU) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional (Fope).
“Entraron dentro de la casa, o sea, en el patio, no es que él disparó desde adentro de la casa sin saber quién era. Se entró a varias piezas gritando lo de siempre: ‘Policía, allanamiento’, y cuando llegaron a la pieza donde era el dormitorio fueron recibidos a balazos”, relató Riera, quien agregó que el diputado fue trasladado, herido “con signos de vida”, pero luego falleció.
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