:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZUIBL4SXTJHTXDKAIIOYSXQXIE.jpg)
Más de un centenar de países en la Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldan una propuesta para hacer una excepción a las patentes en torno al COVID-19, incluyendo vacunas, medicamentos y diagnósticos, pero varios países con grandes farmacéuticas se oponen.
“La iniciativa de India y Sudáfrica dice que no debe haber patentes relacionadas con las tecnologías para luchar contra el COVID-19 hasta que se haya alcanzado una inmunidad colectiva”, dijo Erlend Gronningen, representante de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Ginebra.
Varios países se niegan a dar este paso, entre los que Gronningen citó a Japón, Canadá, Noruega, Suiza y Estados Unidos, una posición que también comparte la Unión Europea (UE).
MSF ha lanzado una campaña para presionar a los países que están en contra a que cambien su posición, de cara a una reunión que tendrán este miércoles en el marco de la OMC.
¿Qué cambiaría la propuesta?
La propuesta permitiría que fabricantes de productos genéricos produzcan vacunas, fármacos o los test de COVID-19 que se necesitan para contener y poner fin a la pandemia a precios netamente inferiores a los establecidos por las compañías que tienen los derechos de propiedad intelectual sobre ellos.
El sistema internacional vigente permite que las compañías recuperen sus inversiones en investigación y desarrollo a través de la explotación de patentes que les garantizan el monopolio durante veinte años o más.
Sin embargo, la pandemia ha generado una situación inédita ya que la gran mayoría de investigaciones para encontrar tratamientos y vacunas contra el coronavirus se han financiado con dinero de organismos públicos, es decir de los contribuyentes, en varios países ricos, así como en China y Rusia.
El caso más emblemático: el SIDA
El antecedente más importante se remonta a hace casi dos décadas, cuando India y Sudáfrica empezaron a producir genéricos (copias) de medicinas que desde años habían probado ser efectivas para prologar la vida de personas con VIH, pero a las que estos países no podían acceder por sus elevados precios.
Cuando ambos dieron el paso de empezar a copiarlas, el precio de un tratamiento anual cayó de US$ 10,000 a menos de US$ 400.
Se estima que once millones de personas murieron, especialmente en África Subsahariana, entre el momento en que esas medicinas salieron al mercado y el momento en que los países más pobres pudieron acceder a ellas en su versión genérica.
La OMC cuenta con una disposición que permite a un país emitir una excepción a una patente en caso de una emergencia sanitaria, pero este procedimiento solo puede aplicarse a un producto a la vez y la posibilidad de exportación requiere un engorroso procedimiento.
MSF ha pedido a los países que adopten una excepción de patentes que incluya toda la tecnología generada para luchar contra la pandemia.
Esto serviría no solo para contar con cantidades suficientes de vacunas, sino que evitaría casos como los ocurridos recientemente cuando los fabricantes de respiradores (usados en pacientes críticos de COVID-19) pretendían cobrar pagar miles de dólares para reemplazar una pieza estropeada.
Posiciones divergentes
Uno de los argumentos utilizados por los opositores a la propuesta de flexibilizar las patentes es que algunas farmacéuticas que están desarrollando vacunas contra el COVID-19 han ofrecido renunciar a sus beneficios mientras dure la pandemia.
Sin embargo, MSF ha recordado que esta no es una posición general, sino de algunas empresas individuales.
Gronningen sostuvo que el actual sistema de propiedad intelectual es discriminatorio y que uno de los mayores temores de la industria farmacéutica es que la propuesta que se discute en la OMC se convierta en un precedente para futuras pandemias.
MSF confía en que los países que se han opuesto hasta ahora a apoyar la excepción de patentes por la pandemia cambien de posición y que, en caso de que esto no ocurra, se lleve este tema a votación, algo que nunca ha pasado en la OMC, que es una organización que tiene la tradición de decidir por consenso.