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Por Mihir Sharma
El mundo es lo suficientemente desigual y la pandemia de COVID-19 amenaza con hacer las cosas aún más desiguales. Los países más pobres han tenido que asumir deudas que tendrán dificultades para pagar.
Sus sistemas de salud más frágiles y sobrepobladas ciudades los obligaron a realizar cierres más estrictos y económicamente más perjudiciales, y las tasas de pobreza han aumentado drásticamente. Ahora, con justa razón temen que una recuperación escalonada tras la pandemia los perjudique aún más, dado el alto costo que parece tener la implementación de las vacunas.
No debería sorprender entonces que varios países en desarrollo, liderados por India y Sudáfrica, argumentaran la semana pasada en el consejo de derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio que, mientras dure la pandemia, deberían suspenderse los pagos relacionados con los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, terapias y equipamiento relacionados con el COVID-19.
Les preocupa que “los derechos de propiedad intelectual obstaculicen o puedan obstaculizar el suministro oportuno de productos médicos asequibles” a sus ciudadanos.
El consejo completo se reunirá para discutir el tema en diciembre. Cualquiera sea el resultado, la propuesta es una advertencia para el sistema actual de derechos de propiedad intelectual. El problema no es solo lograr que los países pobres tengan acceso a las vacunas.
Se trata de permitirles elegir la vacuna que mejor se adapte a sus poblaciones e infraestructura, y garantizar que reciban las dosis necesarias lo suficientemente rápido como para que no tengan que esperar hasta el 2024 para reanudar la vida normal mientras Occidente y China avanzan.
En cierto sentido, la petición actual claramente es una exageración. No hay razón para que se suspendan todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la pandemia. Pocos países en desarrollo estarán interesados, por ejemplo, en la vacuna producida por Moderna Inc., que requiere el tipo de instalaciones de almacenamiento con temperaturas ultrabajas que tendrían dificultades para construir.
La mayoría ya había apostado fuerte por la vacuna de AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, que la compañía ha prometido vender al costo a muchos países en desarrollo.
Con la noticia este fin de semana de que la vacuna tiene, en promedio, una eficacia de 70% contra la prevención del COVID-19, cualquier argumento de que se necesita una suspensión total de los derechos de propiedad para evitar que los impuestos de los países pobres vayan a las arcas de las grandes farmacéuticas comienza a sonar bastante débil.
Sin embargo, el hecho es que si esos flujos de capital se ven obligados a materializarse —si no es por las vacunas, entonces como regalías por tratamientos terapéuticos o pruebas de vanguardia—, los países en desarrollo pueden rebelarse, y lo harán.
Necesitamos asegurarnos de que los países más pobres no lleguen a sus límites si queremos evitar un colapso en el reconocimiento global de los derechos de propiedad intelectual que frenaría la innovación en todo el mundo.
Esta es la primera prueba de importancia que ha enfrentado el sistema global de propiedad intelectual, y no será la última. Un futuro en el que los propietarios de algoritmos, capital, datos o plataformas en Occidente exijan alquileres interminables a consumidores y Gobiernos en países más pobres es mucho menos probable que un repudio total del resto del mundo por su derecho a hacerlo.
Un régimen de propiedad intelectual que no sea lo suficientemente flexible como para manejar esta crisis se desplomará bajo el peso de esa tecnodistopía.
En otras palabras, es de interés general —incluidos los habitantes de los países más pobres del mundo, que dependen de la innovación en las naciones más ricas del mundo para mejorar sus vidas— evitar este descontento antes de que tenga la oportunidad de cobrar impulso político. Algunas compañías reconocen esto.
AstraZeneca, por ejemplo, ha prometido no beneficiarse de la vacuna mientras el COVID-19 sea una pandemia (aunque la forma en que declararán que la pandemia ha llegado a su fin sigue siendo un misterio).
Algunos líderes de países ricos también lo hacen. Boris Johnson organizó una conferencia mundial sobre vacunas, y el Reino Unido hasta ahora ha comprometido US$ 700 millones para el Mecanismo COVAX de acceso a vacunas.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ayudado a establecer la iniciativa Acelerador ACT, o ACT-A, que ofrece la mejor oportunidad para distribuir no solo vacunas, sino también pruebas de diagnóstico y tratamientos terapéuticos en el marco del COVID-19.
Sin embargo, la mayoría de los Gobiernos de los países ricos han producido paquetes de respuesta a la pandemia que son fuertemente nacionalistas y de naturaleza introspectiva. El presupuesto de ACT-A de US$ 38,000 millones es menos del 1% de la cantidad que el mundo occidental ha comprometido con sus lujosos paquetes de estímulo. Y aun así, la iniciativa de Macron está luchando por obtener fondos, ya que ha recaudado solo US$ 3,000 millones hasta ahora.
El mayor culpable ha sido Estados Unidos. Ni el presidente Donald Trump ni los demócratas en el Congreso han mostrado interés en ayudar a financiar este esfuerzo, a pesar de que las esperanzas del país de una prosperidad futura dependen de un sistema global de derechos de propiedad intelectual funcional.
Si el presidente electo, Joe Biden, quiere demostrar que EE.UU. es una vez más un contribuyente de buena fe a los esfuerzos mundiales, podría comenzar prometiendo que su Administración hará lo necesario para garantizar que la iniciativa ACT-A esté totalmente financiada. Si EE.UU. queda en segundo plano, incluso bajo el Gobierno de Biden, sus esperanzas de recuperar el respeto y el liderazgo mundial se habrán acabado.
