La empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) informó este lunes que abrió “un programa de retiro voluntario” para los “colaboradores” de la gran mina de cobre que explota en Panamá, después de que la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano declarara inconstitucional el contrato ley que le renovaba una concesión minera.
FQM detalló en un comunicado que firmó un “acuerdo con el sindicato mayoritario, Utramipa, para abrir un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo”, el cual “incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda”.
Sin embargo, la empresa apuntó que “se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina”.
Por ello, “el programa voluntario no se ofrecerá a todos los colaboradores”.
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La mina, de nombre Cobre Panamá, aporta más de 40,000 empleos directos e indirectos en todo el país y cuenta con más de 7,300 colaboradores, la mayoría panameños, según datos de la minera.
Exige “marcar” una “hoja de ruta”
En el comunicado, FQM señaló que “ante la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que impide las operaciones de Cobre Panamá, la situación de los colaboradores ha cambiado y han surgido nuevos interrogantes, que requieren una aclaración por parte del Gobierno”.
Y agregó que “estas cuestiones, junto con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio, siguen sin respuesta y la empresa urge al Gobierno a abrir un diálogo sobre el plan de transición”.
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El Supremo panameño anunció el pasado 28 de noviembre que el contrato ley entre Minera Panamá, filial de FQM, y el Estado era “inconstitucional” al infringir 25 artículos de la Carta Magna, poniendo fin casi de manera inmediata a las intensas protestas que durante más de un mes semiparalizaron el país.
El fallo de inconstitucionalidad fue publicado el pasado sábado en la Gaceta Oficial (boletín), lo que supone un paso transcendental para el proceso de cierre de la mina, según dijo el presidente panameño el mismo día que se dio a conocer la decisión del Supremo.
El contrato ley renovaba la concesión a 20 años prorrogables con la empresa para explotar la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de US$ 10,000 millones, según la empresa que exporta mineral, sobre todo al mercado chino.
La mina fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra el enclave, y es la única explotación de este mineral del país centroamericano.
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En 2022 se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, y en los primeros 9 meses de 2023 produjo alrededor de 268,000 toneladas de cobre contenido en concentrados, lo que representa el 2% de la producción mundial, según datos del Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, en inglés).
FQM y su filial Minera Panamá S.A. informaron también la semana pasada que iniciaron un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje, después de la declaración de inconstitucionalidad.
El exministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro, quien renunció a su cargo y estuvo al frente del proceso de negociación con la mina, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta US$ 100,000 millones dado el conflicto minero, una cifra que analistas locales han reducido a entre 15,000 y US$ 18,000 millones e incluso menos.
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