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Únete al canal de GestiónEl jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, tildó de “acto terrorista” al ataque este martes a un convoy que transportaba combustible, y en el que falleció un militar, en la región amazónica del país, cuando se cumple el día 16 de protestas convocadas por los indígenas contra la carestía de la vida.
Proaño dijo que, debido a las movilizaciones indígenas, que han afectado el normal abastecimiento de combustible, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y la empresa pública Petroecuador articularon “el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso”.
El pasado domingo, el Ministerio de Energía y Minas alertó de que, por el cierre de vías y actos vandálicos en los pozos, registrados en el marco de las protestas indígenas, en dos días se detendría la producción de petróleo, el principal producto de exportación del país andino.
En un pronunciamiento ante la prensa en el Ministerio de Defensa, Proaño relató que a primeras horas de este martes, “grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron con armas de fuego al personal militar y policial”.
En el hecho murió un militar y otros siete miembros del Ejército resultaron heridos, así como cinco policías, quienes han sido evacuados vía aérea, indicó al apuntar que durante el suceso también resultó incendiada una camioneta de Petroecuador.
“Las Fuerzas Armadas de Ecuador rechazan enérgicamente estos actos terroristas, realizados por grupos armados al margen de la ley, así como también se solidarizan con los familiares de nuestro fallecido y con los heridos en este violento ataque, que enluta a la institución militar y al país”, indicó.
Y avanzó que procederán a ejecutar las acciones judiciales pertinentes: “Exigimos de las autoridades de justicia y la Fiscalía una acción inmediata para investigar este acto terrorista e identificar a los responsables de estos actos para que no queden en la impunidad”, dijo.
“Las Fuerzas Armadas, frente a estas acciones terroristas, seguirá actuando con firmeza y decisión, férreamente unidas para enfrentar a estos grupos violentos para recobrar la paz y seguridad de la nación, empleando los instrumentos previstos en la Constitución y las leyes para proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, finalizó.
Previamente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, había ya confirmado vía Twitter la muerte del militar.
“Mi solidaridad con la familia del Sgop. José Chimarro, militar asesinado esta madrugada por manifestantes violentos que atacaron a un convoy que transportaba combustible y se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y la Policía en Shushufindi”, escribió Carrillo.
La semana pasada también se registró el ataque a un convoy de militares que despejaban la vía para que ingresen camiones con abastecimientos a la capital ecuatoriana. En ese ataque resultaron heridos 17 militares y destruidos vehículos del Ejército.
La muerte del militar se suma a otras cinco ocurridas en el contexto de las protestas, en las que se han reportado unos 400 heridos entre manifestantes y las fuerzas del orden.
Las protestas se han caracterizado por el corte de carreteras, el bloqueo de vías y la concentración de miles de integrantes de comunidades indígenas en la capital ecuatoriana, Quito.
El nuevo hecho ocurre en momentos en que el Gobierno y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal convocante a las protestas, y otros líderes de las comunidades, prevén iniciar un segundo día de diálogos en los que tratan las demandas de los manifestantes.
Asimismo, ocurre el día en que se retomará el debate en la Asamblea Nacional (Parlamento) de una petición de destitución del jefe de Estado, Guillermo Lasso, planteada por la bancada afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El movimiento político Unión por la Esperanza (Unes) invocó el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, sobre la posibilidad de destitución en caso de “grave crisis política y conmoción interna”.
Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
