Ha sido un mes sangriento para el estado de Chiapas, al sur de México. El 19 de mayo, un candidato que se postulaba a las elecciones locales del mes que viene sufrió un ataque en el que fueron asesinados a tiros cinco miembros de su equipo. Esto ocurrió días después de que una candidata a alcaldesa fue asesinada junto con otras cinco personas, y de una aparente balacera entre pandillas en la que murieron once personas.
Para los chiapanecos estas noticias ocurren con demasiada frecuencia. Los asesinatos en su estado aumentaron un 60% en los tres primeros meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2023. Los grupos criminales luchan por controlar el territorio para el tráfico de drogas y migrantes, quienes entran a México desde Guatemala a través de Chiapas.
“Antes éramos un estado pobre pero seguro”, comentó Francisco Rojas, candidato a alcalde de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Ahora, Chiapas es peligroso, además de pobre. Es un ejemplo de la inseguridad que se ha vivido durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de su partido, Morena, cuyo sexenio está a punto de llegar a su fin.
México ha padecido muchos años las pandillas violentas. Sin embargo, hoy destacan dos características. La primera, se ha expandido la cantidad de lugares bajo el control de los grupos criminales. La segunda, su influencia en la política local ha crecido. Eso perjudicará la votación del 2 de junio, cuando los mexicanos elijan a un nuevo presidente o presidenta, nueve gobernadores, los 628 escaños del Congreso y más de 20,000 cargos locales.
Crisis Group, un centro de investigación, calcula que para 2021 las principales pandillas ya operaban en una quinta parte de los 2,500 municipios de México, en comparación con el 11% de 2010. Es probable que esa cifra sea mayor ahora. En estados como Guerrero, Zacatecas y Michoacán, las pandillas han reforzado su control y actúan con mayor descaro. En marzo, algunos obispos católicos intentaron disminuir la violencia en Guerrero asignándoles municipios a grupos en guerra.
La segunda característica es la influencia de las pandillas en la política. Los funcionarios locales sufren una vulnerabilidad particular frente a la corrupción o la intimidación: un policía municipal de Chiapas puede ganar apenas 5,000 pesos (US$ 300) al mes. Las pandillas transforman las elecciones asesinando a los candidatos que consideran hostiles. Al menos 64 candidatos, sus familiares u operativos políticos han sido asesinados en este ciclo electoral. El mes pasado, se retiraron 200 candidatos a cargos locales en Zacatecas, lo cual provocó que el organismo electoral nacional iniciara una investigación. En algunos casos, las pandillas simplemente postulan a sus propios candidatos.
López Obrador, quien asumió el poder en 2018, no es el único culpable. La violencia empeoró después de la transición de México a la democracia a finales de la década de 1990 y de nuevo después de que el presidente Felipe Calderón lanzó su “guerra contra el narcotráfico” en 2006. Las pandillas se dividieron, se multiplicaron y contraatacaron.
Se expandieron hacia el tráfico de personas y la minería y se extendieron de las zonas urbanas a las rurales. El control territorial ofrece un ámbito para extorsionar a los productores de aguacate y a los conductores de autobús, para controlar el suministro de agua y cobrarle a la gente por ella e incluso para vender espacio a la sombra.
Sin embargo, el enfoque de López Obrador en la pobreza, la cual considera la principal causa de la violencia, no ha solucionado el problema inmediato. Mantuvo al Ejército en las calles, un giro plausible dada la potencia armada de las pandillas, pero ordenó a los soldados no enfrentarse a ellas. Esta “bandera blanca” no funcionó, opinó Carlos Matienzo, de DataInt, una consultoría de seguridad. Más bien permitió la expansión de las pandillas y la violencia persistió. Con 180,000 asesinatos en los últimos seis años, el mandato de López Obrador ha sido el periodo más mortífero registrado en México. También han aumentado las desapariciones, en su mayoría asesinatos sin cuerpos.
Abunda la impunidad. López Obrador desmanteló la policía federal. Muchos eran corruptos, pero sus agentes habían sido investigados y entrenados, muchos por el FBI. La Guardia Nacional, el organismo que los sustituyó, son soldados de apoyo que no fueron entrenados en labores policiales. En 2018, la policía federal arrestó a 21.700 personas; en 2022, la Guardia Nacional detuvo apenas a 2814. El presidente no ayuda al negar y restarle importancia a la violencia, a veces incluso se ha referido a los criminales como “gente respetuosa”.
El mandatario también ha debilitado la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, país que está muy interesado en frenar el flujo de fentanilo y migrantes hacia el norte. Pocas personas esperaban que López Obrador se apegara a la estrategia de Calderón y su sucesor, Enrique Peña Nieto, quienes fueron amigables con el vecino del norte.
No obstante, en la actualidad, las relaciones son innecesariamente combativas, según un funcionario mexicano. La inseguridad encabeza la lista de preocupaciones de los votantes. Xóchitl Gálvez —la principal rival de Claudia Sheinbaum, protegida de López Obrador y la posible próxima presidenta de México— la ha puesto en el centro de su campaña.
Es probable que Sheinbaum, si gana, esté dispuesta a ajustar las políticas de su predecesor. Según ha declarado la candidata, utilizará a escala nacional muchas de las mismas herramientas que empleó cuando fue jefa de gobierno de Ciudad de México, época en la que disminuyeron los asesinatos en la capital. Sheinbaum aumentó los salarios de la policía de la ciudad, incrementó su capacidad de inteligencia e investigación y mejoró la coordinación entre ellos, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Sheinbaum tendrá que actuar con rapidez o se arriesgará a que la inseguridad aumente sin control, en Chiapas y más allá.
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